Repercusión social del cambio climático
Las adversidades del cambio climático se están globalizando y conllevan una repercusión social a la que hay que prestar atención. Por eso, los organismos de supervisión esperan que las aseguradoras analicen tanto los efectos directos y visibles como los indirectos que, para sus modelos de negocio, tiene el cambio climático.
Así lo expresó Miguel Ángel López, presidente de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) durante su intervención en la jornada del Consorcio de Compensación de Seguros. Asimismo, resaltó la importancia de “concienciarnos de que la adversidad climatológica es global, nos afecta a todos por igual”. A nivel social hemos aceptado que el cambio climático es una realidad, pero todavía “no se ha comprendido que sus efectos son cada vez más intensos, más frecuentes y más extraños”. Ante esta realidad, abogó por establecer una colaboración institucional que ayude a concienciar sobre los efectos del cambio climático, a través de la educación.
Teodoro Estrela, director general del Agua, afirmó que en España se han elaborado dos planes de sequía, el último aprobado en 2018, y ahora se están revisando y actualizando. Estos planes se complementan con otros específicos, en función de los acontecimientos, para lo que disponen de “indicadores cada vez más ajustados a realidad”. Sobre la gestión de los riesgos de inundaciones manifestó que se ha avanzado mucho: “ahora contamos con un sistema nacional de cartografía de zonas inundables que permite a cualquier ciudadano ver el riesgo al que está sometida su empresa o su vivienda”.
Leonardo Marcos, director general de Protección Civil, destacó que los efectos del cambio climático conllevan un problema de seguridad que está afectando “cada vez más a nuestra vida, a nuestra integridad física y a nuestros bienes”. A su vez, “esto supone una revisión de cómo hemos actuado ante las emergencias y las catástrofes”. Como ejemplo, indicó que, el año pasado en los incendios forestales tuvieron que gestionar 30.000 evacuaciones preventivas, lo que muestra que “estamos ante un fenómeno que afecta gravemente a nuestra seguridad”. No faltó la alusión al Plan Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres ‘Horizonte 2035’, aprobado en octubre de 2022, y abogó por poner cifras, lo que se está haciendo desde hace tres años, para conocer el coste tanto de las acciones como de las omisiones. En este sentido se refirió al programa ‘Impacto’, que están desarrollando entre otros organismos con el Consorcio, para conocer el valor de las emergencias.
Un coste adicional
Valvanera Ulargui, directora general de la Oficina Española de Cambio Climático, insistió en que no frenar, mediante la prevención, el calentamiento global supondrá un coste añadido para todos los sistemas nacionales”. En España, por ejemplo, se prevé que “la falta de acción climática podría llevar a un coste en intervenciones post desastres de más de un 10% del PIB, en el año 2050”. Para prevenir, en Europa se ha trabajado mucho desde la gobernanza, destacó. Asimismo, resaltó la importancia de la cooperación entre las Administraciones públicas y el sector privado y citó tres elementos fundamentales en esta colaboración.
José Antonio Fernández de Pinto, subdirector general de Inspección de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, indicó que el cambio climático tiene unos efectos muy directos y visibles y otros indirectos, que las aseguradoras deben analizar. En este sentido se refirió a la opinión publicada por EIOPA en 2021, relacionada con la supervisión del cambio climático dentro de los escenarios futuros del Orsa que realicen las aseguradoras. “Como supervisores esperamos que los Orsa que se presenten en 2023 recojan tres puntos de actuación: cuáles son los riesgos que les afectaría a su modelo de negocio; un análisis sobre si estos riesgos son o no materiales; y si no lo son determinar por qué lo consideran así”. También se espera que el análisis vaya más allá y se realicen valoraciones cuantitativas y cualitativas, para lo que se tienen que contemplar una serie de escenarios en el corto y largo plazo.
Flavia Rodríguez-Ponga, directora general del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), se centró en el aseguramiento de los riesgos extraordinarios meteorológicos que cubre el CCS, establecidos en el reglamento: la inundación extraordinaria y la tempestad ciclónica atípica. “La mutualización, tanto en tiempo como por zonas, es lo que hace posible que podamos ofrecer la cobertura de riesgos extraordinarios”. Entre otros datos, destacó que el 87% de los pagos que ha hecho el CCS se deben a daños hidrometeorológicos. “Con todos los datos y con la colaboración de todas las instituciones representadas en esta mesa, trabajamos conjuntamente para poder conocer y prevenir los riesgos de la forma más eficaz posible”.
Miguel Pérez Cimas, director de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), habló del seguro agrario que, según dijo, “constituye uno de los mejores ejemplos de la colaboración entre sector público y sector privado”.