Ponte al día: novedades legislativas 2024

Un año con muchas novedades legales

Las dudas respecto al canal de denuncias, la creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero o las novedades de la Ley de Vivienda fueron algunos de los temas abordados en la jornada de Arag.

Como viene ocurriendo en las últimas ediciones, la sesión de Arag sobre las novedades legislativas que afectan al sector asegurador y, particularmente, a la distribución de seguros, volvió a suscitar un gran interés. Tras la presentación del CEO de la compañía, Mariano Rigau, tomó la palabra María Belén Pose, directora de la Asesoría Jurídica Corporativa de la entidad, encargada de desgranar todas estas novedades.

Aunque no sea algo nuevo, la puesta en marcha del canal de denuncias fue el primer asunto abordado, puesto que “suscita muchas dudas entre los mediadores”. Pose recordó que la distribución debe contar con un canal de denuncias interno desde 2020, en virtud de lo contemplado en la Ley de Distribución de Seguros. Y ahora, con la Ley 2/2023, deben disponer de este canal todos los autónomos y empresas con 50 o más trabajadores, así como las personas jurídicas que operen con productos financieros. Enumeró algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de adoptar estos canales, como el deber de confidencialidad y anonimato, la obligación de dar acuse de recibo en siete días, la exigencia de informar al Ministerio Fiscal, la obligación dar formación acerca del uso del canal, la prohibición de represalias, etc.

Además, recordó que las cuantías de las sanciones contempladas por la infracción de dicha ley pueden ser muy importantes, llegando hasta el millón de euros en caso de infracciones muy graves cometidas por personas jurídicas. No obstante, señaló que todavía no se ha desarrollado la figura de la Autoridad Independiente de Protección al Informante que debe imponerlas, ya que sólo Cataluña cuenta con este organismo.

El segundo tema abordado fue el de la seguridad, la privacidad y la regulación digital. Puso el acento en la gran cantidad de normativa, aprobada o en trámite, procedente de Europa: Directiva NIS2, DORA, Ley de IA, etc. Asimismo, destacó el incremento del volumen de multas impuestas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) (378 en 2022, frente a las 258 de 2021), aunque el importe de las mismas se redujo (20,8 millones en 2022, frente a 35,1 millones en 2021). Además, remarcó que la AEPD impuso el 42% de las sanciones de la Unión Europea, aunque sólo supusieron el 2,5% de la cuantía total. También hizo un repaso de algunas de las multas más relevantes que afrontó el sector asegurador en 2023.

Otro aspecto en el que Pose se detuvo fue en el uso de cookies en las páginas web tras los cambios en esta materia, obligando a ofrecer dos opciones equivalentes para aceptar y rechazar las cookies. También habló acerca de las últimas indicaciones de la AEPD respecto al tratamiento de datos biométricos (huella dactilar, rostro, iris…) en los sistemas de control de acceso o presencia. Apuntó que la AEPD considera que se trata de un tratamiento de alto riesgo, al ser categorías especiales de datos, por lo que es necesario que exista una circunstancia que levante la prohibición de su tratamiento y una condición que lo legitime. 

Abordó también la inminente aprobación del anteproyecto de ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, una ley que promueve la resolución extrajudicial de los conflictos y afecta a banca, seguros y valores. Incidió en que el Proyecto prevé que sus resoluciones serán vinculantes en cuantías inferiores a 20.000 €. Éste es uno de los aspectos controvertidos del Proyecto, ya que tal previsión sería contraria a la tutela judicial efectiva, como ya pusieron de manifiesto el Consejo de Estado y el CGPJ. 

Además, citó que una de las prioridades de este año para la DGSFP es el denominado Value for Money (VfM), que se refiere al “adecuado equilibro entre lo que el cliente paga por el seguro y el valor de lo que recibe a cambio”. Al hilo de ello, expuso que debemos “asegurarnos de que los costes asociados al seguro estén justificados y tengan una razón de ser”.

La directora de la Asesoría Jurídica Corporativa de Arag repasó aspectos de la nueva Ley de Vivienda, como la limitación de los precios del alquiler en zonas tensionadas, las novedades en la consideración de ‘gran tenedor’, los supuestos de desahucio, la duración de los contratos, etc.

Por último, se detuvo en la obligación de expedir factura electrónica cuando el destinatario de la operación sea empresario o profesional, que entrará en vigor un año después de la próxima aprobación del reglamento y que afectará a empresas y profesionales con volumen de operaciones superior a 8 millones, y dos años después en caso de no alcanzar dicha cantidad. Asimismo, habló de VeriFactu y del reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos que soporten los procesos de facturación y la estandarización de formatos de estos registros.