La seguridad jurídica… y la tasa
Patricia Suárez
Presidenta ASUFIN
En ASUFIN llevamos 14 años trabajando en la defensa de los consumidores financieros y que, finalmente, asistamos a la creación de la tan ansiada Autoridad de Defensa de los Clientes Financieros es una buena noticia para todos. Lo importante es que se haya creado y empiece a rodar, pese a las cuestiones perfectibles que acarrea el organismo que finalmente sea aprobado en Cortes.
Quisiera destacar tres aspectos. El primero tiene que ver con la descongestión de los tribunales. A pesar de que el criterio de los tribunales es claro, los consumidores tienen que hacer frente, a menudo, al pago de abogado, procurador y, en ocasiones, de hasta un perito económico para hacer valer sus derechos ante un juez, que comporta además una tortuosa andadura a lo largo de seis y siete años. Todo ello a pesar de que el consumidor gana alrededor del 97% de los pleitos financieros. Una Autoridad cuyas decisiones sean vinculantes contribuirá, sin duda, a ahorrar dinero y tiempo a los consumidores, pero también a las arcas públicas encargadas de mantener una maquinaria juridicial atascada, que nos desespera a todos: la Justicia lenta no es justicia.
En segundo lugar, la tasa, la cuestionada tasa. Aducen los más críticos que tener una tasa fija de 250 euros provoca que cualquier reclamación inferior vaya a ser resuelta de oficio, dado que cuesta menos a la demandada devolver el dinero al cliente que hacer frente a la tasa. Una suerte de efecto perverso que consideramos que podría resolverse con una cierta modulación de la misma: atendiendo a la dimensión y volumen de negocio de cada entidad o compañía e incluso al número de reclamaciones resueltas a favor del consumidor. Siempre hemos defendido que las resoluciones deben tener un carácter ejemplarizante: que paguen más las compañías y entidades que peor se comporten.
En tercer lugar, no puedo dejar de referirme al compendio, una de las grandes aportaciones que incorpora el Proyecto de Ley. Este conjunto de malas prácticas bancarias, pero también de inversión y seguros, que prevé la ley, implica que los clientes podrán conocer mucho mejor cuáles son sus derechos y cuándo se ha cometido un abuso. Otorgará a los consumidores transparencia para saber qué se puede reclamar y también a las entidades un conocimiento sobre lo que no pueden hacer porque la autoridad no lo va a permitir. Esto, sin duda, dará seguridad jurídica al mercado porque tanto consumidores como industria tendrán un criterio claro de sus derechos y obligaciones.