Un precio justo para el collar del perro

Carlos Lluch
Director técnico de LLUCH & JUELICH CORREDURíA DE SEGUROS S.L.

La industria aseguradora lleva años clamando por una Autoridad independiente que gestione las reclamaciones de los usuarios. Independiente de la DGSFP, claro, puesto que propone algo que me suena a estridente conflicto de interés y es eso de financiarla directamente. Al mismo tiempo, se opone por todos los medios imaginables a una tasa por reclamación que financie dicha Autoridad. 

Si ha de ser gratis para el usuario y el asegurador, además de vinculante, puede que resulte aún más chocante que durante los años que median desde la Ley 36/1988 y su puesta al día con la Ley 60/2003, las aseguradoras no hayan tenido el menor interés por el arbitraje. Algo que funciona, y muy bien, cosa que afirmo desde el conocimiento como árbitro de consumo en ejercicio. La vía del arbitraje no solo es gratuita para el ciudadano y el empresario, sino que es extraordinariamente rápida, de adhesión voluntaria y de incorporación discrecional caso a caso, por lo que siempre queda la vía judicial para aquellos casos que lo requieran. Pero puede ser que resulte incómoda si de lo que se trata es de poner las cosas difíciles y añade el problema de que el Laudo es vinculante.

Hablan las aseguradoras de seguridad jurídica y tutela judicial, pero esos términos le resultan ajenos, dolorosamente agresivos a un ciudadano que, por costar más el collar que el perro, se ve obligado a desistir cuando su pretensión –que he visto en miles de casos que era justa– no compensa los gastos en dinero y tiempo que supone la vía judicial.

Hablan las aseguradoras de que una tasa de 250 euros las pondría a los pies de los caballos ante pequeñas reclamaciones que sería más rentable aceptar sin más que asumir la tasa, aun cuando tuvieran razón. Y es absolutamente cierto que, de imponerse dicha tasa, ante reclamaciones de 60 o de 150 euros sería más rentable allanarse que acudir a la Autoridad. No tendría el mismo efecto el arbitraje, de acudir a él, pues el coste para el asegurador sería cero si el Laudo le da la razón.

Así las cosas, tenemos que si hablamos de collares y de perros –de su coste, claro– es de cajón que el asegurador no quiere tasa porque tendría que tragarse aquello que no valga la pena pelear. Exactamente lo que lleva haciendo el ciudadano desde hace décadas gracias a que se protege la tutela judicial del asegurador y, por ello, no sale a cuenta acudir a juicio para defender lo justo, si no lo justifica el gasto y el tiempo que se va a estar encabronado. El usuario prefiere mandar al cuerno al asegurador y, a su manera, destrozar la reputación que le quede a este.

Es por ello por lo que me parece que podría hacerse como hace años aplica en Transportes: que sea obligatorio el arbitraje hasta un cierto monto, garantizando a todos la gratuidad del proceso y la ejecución del Laudo. Y que la Autoridad, con su tasa, y los Tribunales de Justicia, con sus tiempos, resuelvan el resto.