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La agricultura en España, que en 2022 representaba el 2,3% del PIB según Eurostat, es uno de los mayores productores agrícolas de Europa. Además, ha avanzado significativamente en tecnología, sostenibilidad y exportación. Este sector es esencial para el país desde un punto de vista económico y estratégico. Sin embargo, enfrenta desafíos como el cambio climático y la competencia internacional.
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El sector primario es fundamental en la economía de cualquier país. Según los datos de .
Eurostat, en nuestro país representó el 2,3% del PIB en 2022. Además, hay que tener en cuenta que es la base para toda la industria de transformación agroalimentaria, que es la principal actividad manufacturera de España y donde nuestro país es uno de los principales actores de Europa.
“Es un sector estratégico para el mantenimiento de la economía, la vida social y el medio ambiente, puesto que produce alimentos, vida en los territorios y mantiene el medio”, declara Pedro García, responsable del área de Seguros Agrarios de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).
Asimismo, Javier Alejandre, responsable de Seguros Agrarios de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), afirma que “el sector agrario tiene una enorme importancia estratégica, económica y social”. “El sector agroalimentario genera un importante porcentaje del PIB nacional y España tiene una cultura productiva, alimentaria y gastronómica que redunda positivamente en otros sectores, como el turismo o la hostelería. Además, somos una de las mayores potencias productoras de alimentos de la Unión Europea”, explica.
“El sector agroganadero español es un sector competitivo, moderno y líder en Europa. Somos ejemplo en la producción de muchas categorías de productos. España es muy diversa a nivel climatológico, lo que se deriva en que produzcamos prácticamente de todo y exportemos un alto porcentaje de nuestras producciones”, añade.
Además, la agricultura es fundamental para fijar población en la denominada ‘España vacía’, ya que este sector es un importante generador de empleo. De acuerdo con los datos del último Censo Agrario, publicado en 2022, la agricultura daba empleo a 851.405 personas en 2020, lo que supone un descenso del 7,7% desde 2009.
El sector agrícola ha experimentado una importante transformación en los últimos años. Por un lado, las explotaciones agrícolas están adoptando nuevas tecnologías y abrazando la digitalización. Por ejemplo, cada vez son más los agricultores que utilizan herramientas como drones, sensores remotos, GPS, software de gestión agrícola, etc., con el fin de optimizar la producción, reducir costes y mejorar su eficiencia.
Además, el campo cada vez es más sensible a los criterios de sostenibilidad y son muchos los agricultores que están adoptando prácticas más respetuosas con el medio ambiente, como la agricultura de conservación, la agricultura ecológica y la gestión integrada de plagas.
De igual modo, están tratando de adaptarse al cambio climático mediante la introducción de cultivos más resistentes a la sequía o el uso de sistemas de riego más eficientes.
Cabe señalar que se trata de una ocupación donde el autoempleo y la empresa familiar tiene un papel significativo, puesto que más de la mitad de las personas que trabajan en las explotaciones agrícolas eran los propios titulares de las mismas (318.520 personas) o sus familiares (116.828 personas).
Éste es un aspecto reseñable, dado que una de las principales amenazas que tiene el sector primario en nuestro país es el desafío que supone el relevo generacional, porque en las sociedades occidentales cada vez son menos los jóvenes dispuestos a trabajar en el campo. Así pues, el número de familiares que trabajan en las explotaciones agrícolas se ha reducido casi a la mitad (-49,8%) entre 2009 y 2020.
Otro aspecto interesante es el significativo incremento de la cantidad de mujeres jefas de explotación, con un crecimiento del 22% en este periodo (261.634 jefas). Pese a ello, las mujeres representaban todavía únicamente el 28,6% del total.
La reducción del empleo en el campo coincide con la disminución del número de explotaciones agrícolas, que descendió un 7,6% entre 2009 y 2020, situándose en un total de 914.871 explotaciones. Pese a ello, la superficie agrícola utilizada (SAU) se mantuvo estable (+0,7%), mientras que la SAU media por explotación aumentó un 7,4% (26,37 hectáreas), lo que hace pensar en una concentración de las tierras.
De hecho, el número de explotaciones de más de 100 hectáreas aumentó un 8,8% en este periodo (55.703 explotaciones). En cualquier caso, más de la mitad de ellas (473.521 explotaciones) tienen una superficie de menos de 5 hectáreas. Y cabe destacar un sustancial incremento (+42,4%) de las pequeñas explotaciones, de menos de una hectárea (148.319 explotaciones).
Por otro lado, es reseñable el aumento del 6,8% del número de explotaciones gestionadas por parte de personalidades jurídicas, que suponen un 6,5% del total.
En cuanto al tipo de cultivos, más de la mitad de las explotaciones (55,9%) se dedican a cultivos leñosos, como olivos (10,3% de los leñosos), vides (3,6%), árboles frutales (5,4%), nogales, árboles de fruto seco…).
Los seguros son muy importantes para este sector, si bien Javier Alejandre (UPA) recuerda que no son obligatorios, sino opcionales y voluntarios.
Además, en el desempeño de esta actividad es habitual contar con otros seguros, como los que dan cobertura a la maquinaria y los vehículos empleados en la producción.
Pero los más importantes son los Seguros Agrarios Combinados, que ofrecen cobertura frente a los daños causados en las producciones por riesgos imprevisibles, no controlables y de consecuencias catastróficas, incluyendo la mayor parte de los riesgos climáticos, como sequía, helada, tormentas de lluvia, viento o pedrisco, inundación, incendio, fauna, etc.
Estos seguros se articulan en nuestro país a través de Agroseguro, que agrupa a las entidades aseguradoras que ofrecen cobertura en este ámbito, bajo una fórmula de pool de coaseguro. Y las primas se establecen dependiendo de la ubicación de la explotación, de la especie o variedad cultivada y del nivel de cobertura deseado, contando con subvenciones a cargo de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) y de las comunidades autónomas.
Pese la importancia de este sector, los agricultores consideran que está en grave peligro. “Está amenazado de muerte. Y la situación es mucho más grave desde la pandemia, con la guerra de Ucrania y la gran subida de costes”, afirma el responsable de COAG.
Entre las principales amenazas para el sector, destaca “el efecto tan virulento y catastrófico que se está padeciendo con el cambio climático; la invasión de productos de otros países, con una gran ventaja para producir; los grandes costes de producción y la falta de rentabilidad por los bajos precios que reciben nuestros productos”. Además, se queja de las “nefastas políticas agrarias de Europa y de nuestro país”.
Igualmente, Alejandre habla de “problemas y amenazas como el reto del cambio climático, los altos costes de producción derivados de conflictos internacionales, nuestra dependencia de los insumos foráneos que encarece de nuestra estructura de costes y los desequilibrios en la cadena alimentaria, que dificultan la obtención de precios justos a los productores”.
En su opinión, “las amenazas están bien identificadas y deben establecerse normativas que permitan proteger al modelo familiar de agricultura y ganadería, que es aquel basado en explotaciones de pequeña y mediana dimensión y una estructura familiar de la mano de obra, un modelo representa al 85% de las explotaciones en España”.
Al hilo de ello, remarca que UPA reclama “una Ley de Agricultura Familiar para proteger y apoyar a este modelo, que debe ser una realidad en esta legislatura”.
Pedro García (COAG) señala que las primas “están en subida permanente por los grandes siniestros que está provocando el cambio climático”.
“El impacto del cambio climático es claro en la evolución de las primas. El análisis actuarial que cada año hace Agroseguro de cada una de las líneas lleva sistemáticamente a una subida de primas para asegurar la suficiencia de prima y el equilibrio de las líneas”, coincide Alejandre.
“En los 10 últimos años, el recibo de la prima ha subido un 59%, mientras que el capital asegurado tan sólo ha aumentado un 50%. Es decir, el coste por unidad asegurado ha aumentado de media 9 puntos porcentuales. Pero si bajamos al detalle de las líneas y nos centramos en la más importante, la de cereales, los datos de la última revisión de tarifas hablan por sí solos, ya que el coste tomador medio por hectárea ha pasado de 24 a 34 euros. Es decir, se ha producido una subida del 42% de las tarifas”, puntualiza.
De este modo, opina que el gran reto del Seguro en este ámbito es garantizar “unas primas razonables”. “Para ello, es fundamental separar indemnizaciones ordinarias de las extraordinarias, debidas a la acción del cambio climático. Si éste tiene un origen antropogénico, debe ser el conjunto de la sociedad el que asuma el pago de los daños provocados por el cambio climático. De esta manera, si la indemnización extraordinaria se asumiera con fondos fuera del sistema de Seguros Agrarios Combinados, éste no estaría tan presionado como está ahora y los cálculos actuariales nos llevarían a unas primas estables en el tiempo y no como ocurre ahora, con estas subidas inasumibles para el sector”, precisa.
“Dentro de la comisión general de Enesa se está continuamente analizando línea por línea para ver coberturas y garantías; y el sistema funciona razonablemente bien”, afirma Javier Alejandre (UPA).
Pero siempre hay cosas mejorables. Por ejemplo, indica que “habría que trabajar en la asignación de rendimientos individuales porque, en general, hay un gran descontento con la asignación de estos rendimientos”. “Es importante definir para cada línea mecanismos ágiles y sencillos para revisar los rendimientos máximos asegurables asignados a cada agricultor. Porque si los rendimientos no responden a la realidad productiva de ese agricultor, es difícil que se sienta cómodo asegurando sus cultivos”, especifica.
Además, UPA reclama “reformas en el sistema de Seguros Agrarios para lograr que el sistema sea más resiliente y eficaz en este contexto de cambio climático”. “Consideramos que es imprescindible asegurar presupuesto suficiente por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de las comunidades autónomas para llegar al 60% del coste de las pólizas para las explotaciones familiares profesionales”, aclara.
Además, demanda que el seguro Agrario sea consorciable; es decir, “que el exceso de siniestralidad como consecuencia de los efectos del cambio climático lo asuma el Consorcio de Compensación de Seguros Agrarios”. Asimismo, pide “que se cree en la UE un fondo específico para hacer frente a los efectos del cambio climático en la agricultura y la ganadería, un Fondo de Crisis Climática”.
El sector primario ha sido uno de los más afectados por el repunte de los precios de los últimos años. “La inflación ha afectado, sobre todo a raíz de la guerra en Ucrania, en modo de incremento de los costes de producción: combustibles, fertilizantes, plásticos de los que se utilizan en agricultura, precio de los piensos para ganadería… Todos estos productos necesarios para los agricultores y ganaderos se han encarecido notablemente, lo que ha tensionado toda la cadena de valor y ha generado un encarecimiento del precio de venta al consumidor. Además, este periodo de inflación ha venido acompañado de una grave sequía en España, lo que ha encarecido aún más los precios”, detalla Javier Alejandre (UPA).
“Los riesgos y siniestros más habituales son los meteorológicos: pedriscos, heladas, inundaciones, sequía… El cambio climático está incrementando notablemente los riesgos y los siniestros, provocando que año tras año se batan récords de siniestralidad”, detalla Javier Alejandre (UPA).
En caso de producirse un siniestro, explica que “las aseguradoras funcionan en el sector agrario a través del pool Agroseguro, que unifica la oferta de seguros y canaliza las peritaciones e indemnizaciones”.
“El seguro está muy perfeccionado y su respuesta ante siniestros, en general, es buena, tanto en el tiempo de peritación como después en el pago”, valora.
Fuente: Censo Agrario 2020