Reforma de las pensiones, ¿y ahora?

José Gabriel Puche
jpuchedelahorra@gmail.com

Cuando pienso en la reforma de las pensiones me viene a la cabeza una cuestión básica: ¿Quién va a gestionar mi ahorro, el que necesito para tener la jubilación que espero?; y, ojo, no digo digna porque ese concepto me parece etéreo y da pie a mucha controversia.

Primer Pilar. La pensión pública

Necesitaría un marco mucho mayor que esta sección para analizar la viabilidad del sistema y el impacto de varios elementos: los cambios en las cotizaciones, el método de cálculo de la cuantía de la pensión, el mecanismo de equidad intergeneracional o el alargamiento de la vida laboral.

Incluso podría plantear si el sistema de reparto podrá responder a los cambios demográficos, con una ratio de activos/pensiones que viene reduciéndose, y lo hará más en los próximos años. La constitución de la famosa reserva, un fondo de estabilización, es de hecho un reconocimiento tácito de la inviabilidad del sistema de reparto puro.

Sé que hay un compromiso social sobre la suficiencia de las pensiones. Sinceramente, es un concepto bastante vago. En las últimas semanas he leído sobre un aumento de las pensiones de un 8,5%, que ha venido acompañado de protestas que consideran que dicha subida es insuficiente. Al mismo tiempo, todos hemos leído noticias sobre “la generosidad del sistema español”, al comparar el salario último con la pensión de jubilación (para aquellos con deseo de profundizar en el equilibrio entre lo aportado y lo recibido como pensión me remito al informe del Instituto de Actuarios Españoles).

Lo que tengo claro es que las pensiones se pagarán a un nivel “políticamente correcto” como sea, probablemente con impuestos; el debate sobre las fuentes de financiación, diferenciando las prestaciones contributivas y no contributivas, lo dejo para otra ocasión, pero dejo anotada la carga para el ciudadano, vía déficit público.

En el contexto de este artículo me preocupa si el ciudadano es plenamente consciente de su pensión. La respuesta es no. Aún recuerdo la ilusión que me produjo el compromiso para que se nos informase sobre la previsión de pensión de jubilación. En la actualidad, dicha comunicación, ni está ni se espera. 

Segundo Pilar. Planes de Empleo

La Ley 12/2022, de 30 de junio, tiene el leit motiv de complementar la jubilación con ahorro, lo cual es buen punto de partida, pero para un asegurador se abren, al menos, dos incertidumbres: el nacimiento de un nuevo competidor, los planes de empleo de promoción pública (¿realmente necesarios?), y la nueva estructura de comisiones, que podría ocasionar la desaparición de algún competidor en el mercado.

Si bien, es cierto, hay que destacar que el nuevo marco abre el incentivo al ahorro en Pymes y autónomos.

Tercer Pilar. Planes Individuales/Seguros de Ahorro

Pongamos en contexto: reducción de las “ventajas” fiscales en los planes de pensiones individuales. Si, digo “ventajas” porque en realidad es un impuesto diferido, al no abordar una fiscalidad para el momento de la jubilación.

Comercialmente, el asegurador se encuentra con un cliente que podría tener una necesidad pero que no es plenamente consciente; no conoce cuál podría ser su pensión. Así, como aseguradores debemos darle información, ayudarle a reflexionar, a pensar a medio-largo plazo; ayudar en la reflexión de la complementariedad de la jubilación.

Otra cuestión es la capacidad financiera para ejecutar las decisiones tomadas; es decir, cada individuo se preguntará: ¿tengo dinero? Además de informar deberemos dar formación que permita debatir con el ciudadano/cliente cambios en la utilización de los ingresos disponibles. ¿Qué parte de sus ingresos netos dedica al ahorro? 

¿Y cómo se gestiona mi ahorro?

Considerando la época de desinformación e indefinición, probablemente habría que reformular la pregunta clave de ¿quién va a gestionar mi ahorro? a ¿cuánto tengo que ahorrar y en quién confío?

En este sentido, como industria, deberíamos aprovechar nuestra credibilidad como facilitadores de protección y ayudar al ciudadano/cliente a comprender la situación y decidir cuánto puede/debe ahorrar. Los diferentes canales de distribución seguirán aproximaciones diferentes; sectorialmente el hecho diferencial debe ser la permeabilidad y proximidad de acceso a un gran número de personas. En particular, la Mediación Profesional, cuando ofrece un asesoramiento financiero personalizado, está respondiendo a esta, dando una acertada respuesta a la cuestión de cuánto y cómo ahorrar.

Habrá propuesta de valor para el segundo y tercer pilar, pero las posibilidades de desarrollo estarán condicionadas por el apoyo de la Administración pública al ahorro, tanto desde una perspectiva fiscal, en las aportaciones y en el tratamiento de los beneficios, como en la información al ciudadano sobre sus expectativas de pensión. 

En todo caso, dadas las interconexiones entre los pilares, se echa en falta una visión de conjunto, con un mensaje claro y una estructura legislativa armonizada. Estructura estable que permita al ciudadano planificarse y a nuestro sector invertir y diseñar propuestas de valor. 

Quizás todo sea más básico. El ciudadano no pregunta, porque no sabe. El nivel de formación financiera es bajo y, en particular, el relacionado con la jubilación. Un sistema público de pensiones justo, equilibrado y solidario es un derecho amparado en nuestro ordenamiento, en concreto el artículo 41 de la Constitución Española. 

El sector asegurador, y en sentido más amplio el sector financiero, debería solicitar que se incluyera en los planes de estudios mayor formación financiera de base.