Catástrofes: ¿estamos seguros?
Miguel Benito - mbenito@miguelbenito.com
La reducción de los riesgos y sus consecuencias comienza por conductas preventivas y, en definitiva, por la prevención. Lo dice el viejo refrán, “mejor es prever lo no llegado que disputar por lo pasado”, que en 1998 inspiró al Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabaja (CGRICT) a la hora de crear los premios PREVER, con gran prestigio nacional e internacional en estos momentos. Pues bien, ante las consecuencias de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) desatada a partir del 29 de octubre en la provincia de Valencia, convertida en el mayor episodio catastrófico producido en nuestro país en las últimas décadas, tanto en términos de vidas humanas como en el de daños causados, no hay lugar para las dudas en la necesidad de reflexionar sobre la exposición de nuestra forma de vida ante los riesgos y lo oportuno de implementar una cultura de la prevención.
Insistir en la prevención puede parecer algo reiterativo y pesado. Absurdo incluso. Pero ahí están los hechos. Ya nadie discutirá que la monumental y faraónica obra de la desviación del cauce del río Turia a su paso por Valencia, después de las inundaciones de la ciudad en octubre de 1957, fue una inutilidad cuando en esta ocasión ha servido para encauzar 2.000 metros cúbicos por segundo, evitando un gran desastre. Y que, probablemente, una red de ramblas, canalizaciones y embalses naturalizados, hubieran servido para amortiguar los impactos presentes en zonas habitadas. Pero eso requiere visión e inversión. Y también una nueva forma de relacionarnos con la naturaleza. No construyendo sobre ella, sino con ella.
En 2020, el Consejo General de Mediadores de Seguros y su escuela de negocios CECAS, junto al Observatorio de Sostenibilidad, advertía que la población no conoce los riesgos reales de una inundación. Y señalaba la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña como las zonas de mayor riesgo de inundación por su proximidad a las costas del Mediterráneo, un mar que se viene calentando en una media de dos grados en los últimos años y que empieza a presentar comportamientos similares a los ciclones del Caribe.
En el momento de escribir estas líneas el número de reclamaciones al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) se aproximaba a las 40.000, mientras que el gobierno declaraba zona catastrófica gravemente afectada, lo que significa que el Estado contribuirá a la reparación de daños y ayudará a empresas, autónomos y trabajadores afectados. Aparte de eso, y de las ayudas directas de las que puedan hacer uso las autoridades locales, las primeras ayudas económicas, aparte de las donaciones y de la labor de asociaciones, fundaciones y ONG siempre activas, vendrán de las indemnizaciones que libere el CCS tras la peritación de daños notificados. A este respecto habría que pedir generosidad, pues es la imagen del seguro lo que está en juego. Cuando la erupción del volcán en la isla de la Palma, el CCS no escatimó en indemnizaciones hasta los límites de las pólizas cuando fue necesario. Esperemos en estos momentos un comportamiento similar. Sería de agradecer que entes especializados, como algunas fundaciones aseguradoras, Mapfre, Axa, Aon y su Observatorio de Catástrofes, etcétera, impulsarán cátedras y propuestas para prevenir desastres que, de alguna manera, están siendo pronosticados.