El daño medioambiental, el riesgo empresarial latente
Esencial para la viabilidad empresarial
Casi dos décadas después de la aprobación de la Ley de Responsabilidad Medioambiental, el aseguramiento de este riesgo continúa sin despegar, no por falta de capacidad técnica del mercado, sino por una cuestión más profunda: la baja percepción del riesgo por parte del tejido empresarial, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas. Esta es la principal conclusión que dejó la jornada organizada por el Pool Español de Riesgos Medioambientales (PERM), donde se insistió en la importancia de intensificar la labor divulgativa para trasladar al empresariado que este seguro “no solo paga, sino que soluciona” y puede convertirse en una herramienta “esencial para proteger la viabilidad empresarial”.
La primera mesa, moderada por María Galán, suscriptora senior del PERM, reunió a Mario Migueláñez, suscriptor senior del PERM; Darío Díaz, responsable de Suscripción de Riesgos Medioambientales de Omnia; Raquel Millán, directora de Responsabilidad Medioambiental de Aon; y David Salinas, director general de EPG Salinas. Todos coincidieron en que las empresas españolas no están contratando estos seguros pese a que los riesgos existen y la normativa obliga en múltiples actividades.
Uno de los factores que señalaron es la escasa visibilización pública de los siniestros: la mayoría no trasciende a los medios, generando la idea equivocada de que “esto solo le ocurre a las grandes industrias”. La realidad, advirtieron, es que un siniestro puede surgir de incidentes cotidianos y siempre obliga a la empresa a reparar por completo el recurso natural dañado, un proceso extremadamente costoso que puede comprometer la supervivencia del negocio.
También destacaron una confusión generalizada: muchos clientes —y parte de la mediación— siguen llamando a esta póliza “RC medioambiental”, cuando su naturaleza es muy distinta. La Responsabilidad Civil cubre daños a terceros; la Responsabilidad Medioambiental, en cambio, obliga a restaurar el medio natural dañado, una responsabilidad objetiva, administrativa y mucho más onerosa. Esta mala interpretación, avisaron, contribuye a que las empresas no entiendan qué cubren ni qué dejan sin cubrir.
El marco normativo tampoco ayuda: la ley identifica operadores obligados en el Anexo III, pero deja fuera a muchos otros, alimentando la idea de que la cobertura es opcional. Los expertos coincidieron en reclamar mayor claridad regulatoria y más pedagogía. Aun así, subrayaron que el contexto es propicio: los riesgos son reales, la normativa europea apuesta por la sostenibilidad y las empresas empiezan a comprender el impacto reputacional y financiero que puede tener un incidente ambiental. Para avanzar, insistieron, el sector debe actuar con un enfoque proactivo y basado en datos.
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, JURÍDICO Y EMOCIONAL
La segunda mesa, moderada por José Luis Lorenzo, director Técnico del PERM, se centró en la gestión del siniestro, un aspecto clave para entender el valor del aseguramiento. Participaron Daniel Pozo, responsable de Siniestros del PERM; José Ramón Pulido, CEO de IntecoAstur; e Isaac Sánchez Navarro, consejero técnico en la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural. Todos coincidieron en que un siniestro medioambiental no es un proceso indemnizatorio al uso, sino un largo procedimiento de remediación en el que la rapidez resulta determinante. “El minuto cero es clave”, afirmó Pozo, subrayando que en las primeras dos horas se evalúa la situación, se activa a los especialistas y se aplican medidas urgentes para frenar la expansión del daño. Cada minuto cuenta porque el impacto ambiental aumenta exponencialmente.
La gestión posterior exige una coordinación exhaustiva: administraciones autonómicas, ayuntamientos, servicios de emergencia, responsables de carreteras, técnicos especializados, empresas colindantes y el propio asegurado. “No vale cualquier perito”, recordó Pulido, explicando que se requiere un conocimiento técnico específico y experiencia real en incidentes ambientales. Sánchez Navarro añadió que, aunque las competencias son autonómicas, existe un protocolo común para determinar si el daño es significativo y orientar las medidas de reparación. En caso de duda, recordó, se aplica el principio de precaución: intervenir incluso sin conocer aún la magnitud definitiva del daño.
Más allá de la cobertura económica, los expertos destacaron el papel del seguro como acompañante técnico, jurídico y emocional durante un proceso que puede durar años. Existen expedientes que continúan abiertos durante siete o diez años, con sucesivos estudios, remediaciones y controles administrativos. En ese tiempo, el PERM se convierte en un aliado profesional para la empresa afectada: facilita la interlocución con la administración, coordina equipos, evalúa alternativas de remediación y aporta certidumbre en un contexto de enorme complejidad.