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Tras más de 20 años en una asociación a la que llegó de casualidad, por una inesperada entrevista de trabajo, Mirenchu del Valle ha sido muy cauta en declaraciones en su primer medio año largo en el cargo y muy intensa en actividad institucional. Se ha centrado en el diseño de un Plan de Acción para este año que desarrolle las líneas estratégicas definidas en el Plan Cuatrienal 2023-2027, entre ellas ganar peso en relación con las instituciones y organismos, aumentar el nivel de representación, mejorar la capacidad de influencia de la asociación y trasladar el valor del Seguro a la sociedad con un lenguaje sencillo y coherente, que permita mejorar su percepción por los ciudadanos. Casi nada.
‘ACTUALIDAD ASEGURADORA’ (en adelante ‘A.A.’).- ¿En qué has puesto el foco en estos primeros meses?
MIRENCHU DEL VALLE.- Han sido meses muy intensos. La actividad institucional ha sido un no parar. Es fundamental potenciar el diálogo con la Administración, los interlocutores sociales o los representantes de colectivos; tanto a nivel nacional como internacional. El Seguro representa el 5,3% del PIB. Protegemos a familias, empresas e instituciones y mi prioridad es situarlo en el lugar que le corresponde por su relevancia social y poner de manifiesto su papel en la transición a una economía más justa y sostenible. También debemos trasladar que el Seguro puede, a través de la colaboración público-privada, ayudar a afrontar algunos de los grandes desafíos de la sociedad. Estoy muy ilusionada con mi nueva función y responsabilidades.
‘A.A’.- ¿Qué claves tiene el Plan de Acción para 2024?
MIRENCHU DEL VALLE.- Pretende poner en marcha las líneas estratégicas del Plan Cuatrienal 2023-2027, articuladas sobre 3 ejes: posicionamiento institucional, difusión del valor social del Seguro e impulso de las reformas estructurales necesarias. La intención es fortalecer nuestra posición con todas las instituciones y organismos, aumentando el nivel de representación de la asociación y mejorando su alcance y capacidad de influencia a nivel sectorial y social. También deseamos trasladar el valor que el Seguro aporta a la sociedad utilizando un lenguaje sencillo y coherente, formulado de manera positiva y que permita mejorar la percepción que la sociedad tiene de nuestra actividad.
Es esencial transmitir el valor social del Seguro de manera efectiva para que llegue y cale en la sociedad.
‘A.A’.- ¿Cómo hacemos para extender la cultura financiera y por tanto aseguradora entre la población en un momento de dificultades económicas e inflación?
MIRENCHU DEL VALLE.- Debemos seguir insistiendo en el valor que aporta el Seguro a la sociedad, en su importancia como red de protección de familias, empresas e instituciones. Ha avanzado mucho para acercarse a la gente, para explicarse mejor. Dos ejemplos son Estamos Seguros, la iniciativa de educación financiera que promovemos, o las seis ediciones de El riesgo y yo, el programa educativo por el cual voluntarios de aseguradoras acuden a colegios e institutos a sensibilizar a los adolescentes sobre el riesgo y cómo encararlo; ya ha formado a unos 10.500 jóvenes.
Más allá de estas acciones sectoriales, algunas aseguradoras tienen programas de educación financiera a título individual y todas realizan enormes esfuerzos en simplificar sus servicios a los consumidores. Un vistazo a cualquier web o a las redes sociales permite apreciar los avances en esta materia: el lenguaje empleado es más sencillo, los formatos más intuitivos y agradables a la vista, las aplicaciones permiten hacer seguimiento del estado de un determinado siniestro, etc. Todo es ya mucho más transparente.
Por otra parte, la ley que creará la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero incorpora en sus objetivos la promoción de la educación financiera. Aquí hay una oportunidad de mejorar los conocimientos sobre el Seguro. Convendría incorporar la educación financiera al currículo de la educación obligatoria.
A la vez que reconoce el deseo de mantener una actitud constructiva en los contactos bilaterales con el Ejecutivo y la Administración, tratando de presentar “propuestas enriquecedoras y positivas para la sociedad española”, Mirenchu resalta el papel de UNESPA con la Autoridad Europea de Seguros y Planes de Jubilación (EIOPA, en inglés), con quien “tenemos también el objetivo de reforzar nuestra relación, dado que su papel es fundamental en el desarrollo de aspectos concretos contemplados en los textos comunitarios” y la pertenencia a Insurance Europe, la federación que agrupa a las asociaciones europeas de aseguradoras, ya que “una elevada proporción de la legislación que afecta al seguro español se gesta en Europa” y donde “tenemos cada vez más peso”, participando en la formación de posiciones de la industria europea en todos los proyectos relevantes”. Y es que, concluye, “somos conscientes de que la mejor forma de defender el Seguro español es estando más presentes en Europa”.
‘A.A’.- ¿Cómo puede el sector ayudar a cubrir el gap de protección de la sociedad?
MIRENCHU DEL VALLE.- El déficit de protección del país se plasma en varios ámbitos. El envejecimiento demográfico, por ejemplo, deriva en unas mayores necesidades en pensiones, salud y dependencia. El cambio climático, por su parte, genera fenómenos meteorológicos extremos más intensos, extensos y frecuentes y, consecuentemente, más daños sobre el patrimonio y la vida de las personas. Por otro lado, está el reto de la ciberseguridad. El desarrollo de la digitalización conlleva muchas ventajas, pero también el riesgo de que los ciberincidentes alcancen magnitudes de carácter sistémico. Todas estas cuestiones se materializan en eso que llamamos el “gap de aseguramiento” o “déficit de protección”. Nuestro reto es cerrar esa brecha y lograr una sociedad adecuadamente preparada para los desafíos que debe afrontar. Nuestro objetivo es concienciar a la ciudadanía sobre sus vulnerabilidades, ayudar a identificarlas y protegerse.
‘A.A’.- ¿Qué papel quiere jugar el sector ante el problema del envejecimiento?
MIRENCHU DEL VALLE.- La esperanza de vida ha aumentado en España. Es una muy buena noticia, pero conlleva que el país se enfrente a un proceso de envejecimiento demográfico con hondas repercusiones en materia de pensiones, dependencia y salud. En estos campos, el Seguro se presenta como un aliado natural de los poderes públicos por su experiencia en la gestión del ahorro a largo plazo y en la prestación de servicios sanitarios y sociosanitarios. Aquí merece la pena destacar las ventajas de promover la previsión social complementaria y de fomentar la colaboración público-privada, así como de desarrollar los acuerdos existentes en el ámbito de la salud.
La nueva regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo nació con el objetivo de incorporar al segundo pilar de la previsión social a los trabajadores de las pymes y los autónomos que, en esos momentos, no formaban parte de estos esquemas de ahorro. Es un objetivo que compartimos con el Gobierno dado que ahora sólo el 10% de los trabajadores puede ahorrar para su jubilación a través de un sistema de empleo.
Es cierto que hay un déficit de previsión social. La buena noticia es que hay movimientos interesantes que pueden acercar el ahorro a más personas. El sector de la construcción, con 1,38 millones de trabajadores, ha incorporado la previsión social complementaria a sus esquemas retributivos y está sirviendo de referente. Otras actividades económicas podrían estar valorando la creación de planes de pensiones de empleo simplificado de carácter sectorial. Y para los autónomos, el mercado ya ha creado una amplia oferta de planes de empleo simplificados.
El Seguro también desea poner las cosas fáciles en este proceso de despliegue de esquemas de ahorro colectivo. Desde UNESPA estamos contribuyendo a difundir la reforma entre los diferentes sectores, las pymes y los autónomos. Por ejemplo, hemos editado una guía -en colaboración con WTW y disponible, de forma gratuita, en nuestra web- donde se explica cómo implantar sistemas simplificados de ahorro colectivo en una empresa.
Hasta que los trabajadores por cuenta ajena y los autónomos cuenten con un sistema de empleo propio, sería positivo establecer un régimen transitorio que les permita realizar aportaciones superiores a sus sistemas de previsión social individual con el compromiso de trasladarlas luego a los sistemas de empleo una vez constituidos.
Otra manera de impulsar el desarrollo de la previsión social empresarial sería a través de incentivos para convencer a las empresas de que constituyan sistemas de previsión social para sus trabajadores. Una vía sería permitir que todas las contribuciones que se realicen a favor de los sistemas de empleo de los trabajadores no coticen a la Seguridad Social, como sucedía hasta 2012. Además, debe permitirse ahorrar hasta 5.000 euros al año a través de instrumentos individuales. Proponemos esta cantidad porque es el límite de las diputaciones forales del País Vasco.
Otro aspecto que habría que modificar a corto plazo es reactivar el plan de pensiones de empleo de la Administración General del Estado, cuyas aportaciones llevan suspendidas desde 2011. Adicionalmente, es imprescindible mejorar la información sobre la pensión pública esperada a través de cartas informativas a los cotizantes e impulsar la educación financiera.
La presidenta de UNESPA tiene muy claro el peso creciente de los sucesos climáticos extremos en nuestro país y la mayor afectación en personas y patrimonios. En este sentido pone en valor nuestro sistema de colaboración público-privado para afrontarlos, aunque “es necesario revisar el concepto de riesgo extraordinario para adaptarlo a la situación actual de los eventos climáticos. Hablamos de lluvias torrenciales, granizo, nieve, fuertes vientos, etc. Nuestra propuesta consiste básicamente en que los daños ocasionados por efectos climáticos extraordinarios queden cubiertos por el CCS y lo ordinario, lo normal o habitual, bajo la cobertura privada”.
También destaca el papel de Agroseguro y del seguro agrario como respaldo del sector primario español y garante de la cohesión territorial del país. Se apoya en cifras (“el seguro agrario es indudablemente beneficioso para los agricultores. Desde 2010, la siniestralidad ha sido más elevada que la prima de riesgo en prácticamente todos los ejercicios y en 2023, por cada euro que los agricultores y ganaderos pagaron por su seguro, el sistema les devolvió 2,36 euros de media”) para reivindicar un modelo que “hay que preservar con los ajustes técnicos correspondientes”.
‘A.A’.- ¿Qué soluciones puede aportar el sector a los colectivos vulnerables?
MIRENCHU DEL VALLE.- Es un ámbito en el que estamos muy activos. De hecho, estábamos trabajando en una guía de autorregulación cuando se aprobó la regulación del derecho al olvido. Ahora, esta norma requiere de aclaración en algunos aspectos, como la definición de tratamiento radical sin recaída posterior, y ya hemos solicitado la intervención de los Ministerios implicados para abordar estas cuestiones.
En relación con el VIH, hemos elaborado una Guía de buenas prácticas en los procesos de suscripción de seguros de vida por parte de las personas con VIH, de forma consensuada con la Coordinadora estatal representativa del movimiento ciudadano de VIH y sida en España (CESIDA). Es de adhesión voluntaria por las aseguradoras de vida que operan en España y se aplica a los nuevos contratos suscritos a partir de 1 de enero de 2024. Ya se han adherido 23 entidades. Y quiero recordar que desde 2022 estamos adheridos, a través de UCEAC, al Pacto Social contra el estigma y la discriminación de las personas con VIH en Cataluña. Como se puede ver, el sector ha movido ficha para facilitar el acceso de las personas con VIH al seguro de vida y a sus coberturas complementarias.
En cuanto a las personas con discapacidad, llevamos años trabajando con CERMI en multitud de proyectos.
‘A.A’.- ¿Qué dirías a las empresas que se quejan de falta de seguro?
MIRENCHU DEL VALLE.- Las aseguradoras realizan la suscripción en base al análisis del riesgo que realizan de las empresas y en función del mismo deciden suscribir (o no) y las condiciones que aplican. Las políticas de suscripción las determinan las entidades a nivel individual y solo les corresponde a ellas. No obstante, en gestión de residuos, por ejemplo, hemos abierto una mesa de dialogo con las principales asociaciones para mejorar la prevención de riesgos. Estamos trabajando en guías técnicas en materia de prevención para que las empresas de reciclaje puedan implementarlas y mejorar la asegurabilidad de sus instalaciones.
‘A.A’.- ¿Qué esperas de la nueva figura de la Autoridad Independiente del Cliente Financiero? ¿Cuáles son las propuestas del sector?
MIRENCHU DEL VALLE.- El proyecto de ley que unifica en una institución los servicios de atención de reclamaciones que antes dependían del Banco de España, la CNMV y la DGSFP está pendiente de entrada en el Consejo de Estado. La nueva autoridad emitirá resoluciones vinculantes cuando la cantidad reclamada sea inferior a 20.000 euros y extiende su ámbito de protección a los clientes de las entidades ya supervisadas y también a los clientes fintech y empresas prestadoras de servicios de criptoactivos. El anteproyecto de ley mantiene las modificaciones introducidas en la tramitación previa a la disolución de las Cortes, incluyendo las que responden a peticiones del sector:
Asimismo, se introduce el principio de atención personalizada, que tendrá en cuenta la edad, las características de la zona geográfica y el nivel de competencias de los ciudadanos para presentar reclamaciones ante la autoridad y en la prestación de servicios por las entidades financieras.
Nuestro sector desempeña sus servicios con resultados muy positivos. Así se desprende de la poquísima conflictividad que generan los siniestros, como recoge la Memoria de Reclamaciones de la DGSFP. En nuestra opinión hubiera bastado con mejorar los servicios de los supervisores actuales y potenciar su coordinación.
‘A.A.’.- ¿Cómo hacemos para mejorar el papel de la mujer en puestos directivos?
MIRENCHU DEL VALLE.- La mujer representa el 46% de los trabajadores en España y el 57% de la fuerza laboral del Seguro. Es decir, tiene un peso relativo mayor en nuestro ámbito. Ocupamos un tercio de los puestos directivos del Seguro y, aunque no hay igualdad todavía, su presencia es mayoritaria en ciertos departamentos. Ellas dirigen siete de cada 10 Departamentos de ‘Compliance’ y seis de cada 10 Departamentos de RRHH. También están al frente de cerca de la mitad de los Departamentos de Comunicación y de Marketing. En el extremo opuesto, su presencia directiva es menor en los Departamentos Comercial, Administrativo, en Informática... Por otra parte, tres de cada 10 puestos en los Comités de Dirección de las aseguradoras corresponden a mujeres. Su peso es menor si analizamos los Consejos de Administración, donde representan a dos de cada 10 consejeros. Pero aquí se ve un cambio importante: casi la mitad de los puestos renovados en Consejos en 2022 fue para una mujer. La paridad no se ha logrado en el Seguro todavía, pero el cambio está en curso y avanza. Hablamos de ratios de presencia femenina de entre el 20% y el 33%, según midamos asientos en los Consejos o puestos en los Comités de Dirección. Las compuertas están ampliamente abiertas y la tendencia es hacia la paridad.
Me gustaría hacer alusión a la Red EWI, que busca impulsar la presencia de la mujer en los puestos de Dirección del sector y darle mayor visibilidad. Es un punto de encuentro en el que mujeres y hombres pueden interactuar y desarrollar relaciones profesionales en plano de igualdad. Tenemos como meta que las mujeres representen el 40% del personal directivo de las aseguradoras antes de 2025, compromiso, por cierto, anterior a las disposiciones de la Ley orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres (Ley de Paridad), en tramitación.
‘A.A’.- ¿Qué posición tiene el sector ante la modificación de la ley de RC de automóviles? ¿Qué destacarías de los cambios que se plantean?
MIRENCHU DEL VALLE.- Valoramos positivamente la modificación de esta norma. Primero, porque transpone adecuadamente el contenido de la modificación de la Directiva del Seguro del Automóvil, que introduce cambios relevantes en numerosos aspectos, entre ellos las definiciones de vehículo a motor y hecho de la circulación, y la cobertura por los organismos de indemnización en caso de insolvencia de la aseguradora responsable del accidente. En segundo lugar, porque incluye mejoras en el Sistema de valoración de daños personales en accidentes de circulación para incorporar las recomendaciones del informe razonado de la Comisión de Seguimiento del Baremo. Por último, porque incorpora la regulación del seguro obligatorio de RC para vehículos de movilidad personal (VMP), encomendando a la Comisión de Seguimiento del Baremo presentar en 6 meses una propuesta de reglamento de desarrollo de ese seguro desde la publicación de la ley.
No obstante, hay cuestiones que entendemos podrían ser objeto de mejora para mejorar la protección de las víctimas. La más relevante, sería la necesidad de ampliar la exigencia de un seguro obligatorio de RC no sólo a los VMP, sino también a los ciclos de pedales con pedaleo asistido. Comportan riesgos equivalentes a los que generan los VMP y debería haber una regulación similar.
‘A.A’.- En Sostenibilidad: ¿cómo se van a abordar los nuevos requerimientos y cómo puede contribuir el sector?
MIRENCHU DEL VALLE.- Europa está a la vanguardia en la implementación de políticas de Sostenibilidad. La UE ha promulgado una serie de directivas y regulaciones para fomentar prácticas sostenibles en las empresas, como la CSRD y la Taxonomía de la UE para Actividades Sostenibles. Las aseguradoras ya han comenzado a dar información ASG en sus estados de información no financiera, sin perjuicio de que lo notable vendrá a partir de 2025 cuando comenzarán a reportar, por primera vez, los grupos de más de 500 empleados; después se sumarán, de manera sucesiva, el resto de grandes grupos aseguradores.
En el plano de la transición sostenible de empresas y particulares, hay que poner en valor que el sector hace frente a los efectos derivados de las catástrofes naturales, juega un papel fundamental en la adaptación al cambio climático y colabora con la transición a una economía verde y socialmente responsable. El Seguro dinamiza la economía y genera empleo estable y de calidad. Además, impulsa la creación de valor y las iniciativas de ciudadanos y empresas, vertebrando el territorio y su tejido productivo, mientras vela por el cumplimiento de los más altos estándares de transparencia y una estricta gobernanza. Además, promueve la igualdad de oportunidades, la inclusión y la cultura financiera para lograr una sociedad más justa e igualitaria.
‘A.A’.- ¿Hemos ganado ya, como sector, suficiente atractivo en la captación de talento entre los jóvenes?
MIRENCHU DEL VALLE.- A quienes entran al sector siempre les digo lo mismo: estáis en un sector que engancha. Más allá de las buenas condiciones de trabajo, el Seguro es una actividad profesional que motiva. La función de las aseguradoras es proteger a las personas. Esta profesión tiene una inequívoca vocación social que hace que el trabajo sea gratificante en sí mismo. Cada día, uno contribuye a que las cosas sean un poco mejor para los demás. Tenemos que empezar a creernos, yo lo hago, que nuestro sector es un lugar estupendo para trabajar.
Por otra parte, la innovación, la digitalización, la sostenibilidad, el envejecimiento… todos estos fenómenos constituyen retos para la sociedad española y, en todos ellos, participa el Seguro. Las aseguradoras somos una fuente de estabilidad en un mundo incierto.