El vía crucis de los seguros vinculados 

Carlos Lluch
Director técnico de LLUCH & JUELICH CORREDURíA DE SEGUROS

Hace unos 2.600 años un tipo llamado Solón dejó escrito que “Las leyes son semejantes a las telas de araña; detienen a lo débil y ligero y son deshechas por lo fuerte y poderoso”. En aquellos días no existía la banca y menos aún la española, pero, al enunciar esa frase, dio en el clavo con lo que ocurre con la bancaseguros doméstica de un tiempo a esta parte.

Cierta consultora, supongo que perfectamente adiestrada en el arte de llegar a fin de mes, afirmaba hace poco que en sede bancaria la felicidad que se experimenta en cuanto uno se hipoteca y se ve obligado a contratar un seguro –o una pléyade de estos– supera la de la contratación del producto bancario. Eso o es pura candidez del cliente, condenada a desvanecerse a la mínima entrada en escena del sentido común, o es indicador de un consumidor sobrevenido masoquista. ¿Por qué habría de sentirse feliz un ser racional por pagar más por algo peor que lo que puede conseguir en otro lado? Y, especialmente, ¿por qué alegrarse por pagar de golpe, financiando, cuando podría adaptarlo a sus ingresos y necesidades en cada momento, además de disfrutar mejoras futuras en tasas de mortalidad?

Leyes con que proteger al usuario hay para aburrir. Para empezar, el art 136.f del RDL 3/2020, el artículo 17 de la Ley 5/2019 o el art 89.4 del RDL 1/2007. ¿Y qué? ¡Qué más da si uno puede permitirse el lujo de romper la telaraña legal impunemente!

Ahora anda metido el Parlamento intentando cambiar la redacción de las operaciones prohibidas, sí, esas llamadas “vinculadas”, con el objeto de que quede más claro lo que no se puede hacer. No son los partidos mayoritarios quienes proponen dichas enmiendas, lo cual no acaba de darme un buen pálpito por aquello de los vasos comunicantes del poder y los conflictos de interés, sino esos de las minorías periféricas que tanto sobran, según algunos. 

Les pediría que hagan tres cosas: la primera es aclarar que poner un tipo de interés de mercado - si se aceptan las “ofertas que no se podrán rechazar”-  y otro doloroso si se esquiva el chantaje no es, precisamente, algo que “no podrá suponer empeoramiento en las condiciones de cualquier naturaleza del préstamo”. La segunda es que estaría bien que haya control efectivo sobre la conducta y ello pasa, forzosamente, por lograr que quien debe ver, mire donde toca. Y la tercera y última, que el incumplimiento obligue a pasar por la caja pública y, tal como hoy día se hace en casi toda Europa, ello se traduzca en un cierto porcentaje del volumen de negocio. 

Para venir con el cuento de que disponen de un recurso escaso y de que las condiciones para acceder a él las pone la empresa - y no la Ley - algo muy torcido tiene que rondar en la mente de esos dirigentes empresariales. Algo que no debe ser tolerado por más tiempo, si es que el ciudadano de a pie importa a alguien. Espero que nuestros parlamentarios entiendan que nosotros, los ciudadanos, al hipotecarnos o solicitar un préstamo, no podemos soltar eso que les es tan familiar de “Usted no sabe con quién está hablando”. Lo nuestro va de calvarios.