El sesgo del Superviviente

Carlos Lluch
Director técnico de LLUCH & JUELICH CORREDURíA DE SEGUROS S.L.

Avanzada la 2ª Guerra Mundial, la fuerza aérea aliada se dio cuenta de que estaba perdiendo bombarderos a gran velocidad. Urgía averiguar cómo detener tal sangría en tripulaciones y aparatos. Investigaron dónde presentaban los aviones una mayor concentración de impactos a fin de reforzar dichas zonas en todos los bombarderos. Afortunadamente alguien pensaba “fuera de la caja” y advirtió a tiempo que el resultado era erróneo: los aviones que no volvían eran los que habían sido impactados en otros puntos, no donde los supervivientes. Esa forma de pensar evitó pérdidas en vidas y material de guerra, así como multiplicó la eficiencia al aumentar el número de aviones disponibles.

La Mediación lleva décadas avisando a la DGSFP de que hay malas prácticas en bancaseguros, de que se vulneran las Leyes (hoy la 9/2019, el RDL 3/2020 y el TRLGDCU), los derechos elementales de los usuarios y se cobran barbaridades, fuera de mercado, a cambio de comisiones alucinantes, al no poder escapar del chantaje impuesto. Ello comporta un sobreendeudamiento atroz, entre otros graves problemas, amén de ser una clarísima competencia desleal y abductora del cliente de un mercado competitivo durante décadas.

Desde siempre la DGSFP ha objetado el consabido “No hay denuncias”, sin atender a que el cliente está acojonado, muerto de miedo por represalias anunciadas ¡por su banco! Ha estado atenta a los aviones que vuelven –espero que de buena fe-, sin preguntarse, sin investigar y sin controlar si lo que estaba diciendo todo el mundo era cierto: que caían como moscas. Solo que no han sido aviones, sino familias en precario, economías domésticas sableadas, niños y abuelos puestos de patitas en la calle tras ejecuciones hipotecarias evitables lo que ha derribado ese ejército sociópata de nula profesionalidad y codicia maximizada desde sus sucursales.

Ha tenido que ser EIOPA quien dé el puñetazo en la mesa y quien recuerde que, tal como contemplan la Directiva de Distribución y el RDL 3/2020 en su art. 184.6, la DGSFP puede llegar a que “…tenga constancia de la realización de prácticas que perjudiquen a los usuarios de seguros privados podrá, mediante resolución, establecer medidas, incluida la prohibición, en relación con la venta de productos de seguro junto con servicios o productos auxiliares distintos de los seguros como parte de un paquete o acuerdo”.

No es de recibo que tenga que ser Europa quien ponga nombre a las cosas y advierta las consecuencias al sector. Las aseguradoras, cómplices necesarios: suyos son los contratos, suyas son las primas y suyos los acuerdos tóxicos firmados. Deben reflexionar acerca de su papel. No vale eso de “si no lo hacemos nosotros, otro lo hará”. Al fin y al cabo, la ética poco tiene de especulativo y sí de autocontrol. ¿Qué pasará con esos consejeros si les alcanza una reclamación colectiva y qué dirán, entonces, los accionistas? En UK ya ha pasado y las multas han supuesto miles de millones.

A mí, en particular, las familias que más me conmueven son aquellas que caen al abismo, para siempre, sin que la luz de la Ley ilumine por qué cayeron y quién las abandonó a su suerte. Deseo que se restaure el estropicio, caiga quien caiga.

Esas reclamaciones que se pierden (y se estrellan)

Patricia Suárez
Presidenta de ASUFIN

Mi compañero de sección, permitídme decirlo: el gran profesional y mejor persona, Carlos Lluch, se ha referido al conocido sesgo del superviviente, el fallo en la argumentación que nos lleva a fijarnos únicamente en los elementos que han superado una selección, obviando los que no lo han hecho. Se puede trasladar esta falacia a multitud de campos de acción, sistemas y organizaciones, en las que se emplea una determinada lógica y no se indaga en otros aspectos. 

Para complementar la visión que hace mi compañero desde el punto de vista del profesional, yo quiero referirme al modo en el que impacta en el consumidor, en la defensa de sus derechos y, por qué no decirlo, en la vulneración sistemática que se hace de la tutela judicial efectiva que consagra nuestra Constitución, en su artículo 24.

Empezaré por una evidencia: nuestros tribunales adolecen de los medios humanos y materiales necesarios para resolver con agilidad los asuntos del consumidor financiero. En temas bancarios, especialmente, pero también en lo que atañen al ámbito asegurador. Al drama de tener que litigar por cantidades de dinero muchas veces nada despreciables, se suma que arrastramos el atasco generado por la crisis financiera que los juzgados especializados no han contribuido a solucionar. 

Por eso, hay que fijarse, sobre todo, en las partes del avión sensibles, en las que provocan que la aeronave caiga. Los impactos en el avión que no vuelve nos tienen que servir para medir lo que pasa realmente en la calle: ¿Por qué nuestro sistema disuade al consumidor? ¿Por qué permitimos que las entidades y compañías solventen nuestra reclamación con plantillas proforma? ¿Por qué hemos esperado tanto para que la iniciativa política arme una Autoridad que, esperemos, vea la luz en esta Legislatura? ¿Por qué tiene que ser costoso para el consumidor enfrentarse a la maquinaria litigiosa puesta en pie por las entidades para llevar cada pleito hasta el final y desanimar, con ello, a centenares de miles de consumidores?

Empecemos a estudiar con detenimiento las partes sensibles del sistema para hacerlo mejor.