El consumidor como eje -también- de la campaña electoral
Patricia Suárez
Presidenta ASUFIN
ASUFIN es la asociación de los usuarios financieros y somos plenamente conscientes de que, ante la avalancha de temas que dominarán la agenda de los candidatos a las próximas elecciones, los relacionados con los derechos de los consumidores no figuran entre los primeros. Nuestro país, por desgracia, no dispone aún de una alta conciencia social que priorice la necesidad de reivindicar asuntos, de elevar la voz, de hacer suyos los derechos para exigirlos porque, como siempre me gusta decir, un derecho que no se verbaliza y exige, simplemente no existe.
Sin embargo, hemos hecho el ejercicio de examinar la legislación de que disponen las distintas Comunidades Autónomas para comprobar la “salud” de los distintos estatutos de consumidor que nos protegen frente a las compañías, también aseguradoras. Y nos hemos llevado una sorpresa al comprobar que hasta cuatro, Madrid, Murcia, Andalucía y Canarias, no renuevan sus leyes de consumo desde hace la friolera de 20 años. Dos décadas en las que desde Europa han emanado hasta cuatro directivas relativas al ámbito del consumo. Otras tres Comunidades Autónomas no están mucho mejor: Asturias, Cantabria y Aragón actualizaron sus leyes en 2006.
La lista continúa con País Vasco, cuyo estatuto data de 2011. Le sigue Galicia, que legisló en 2012, La Rioja, en 2013, Cataluña e Islas Baleares que lo hicieron en 2014, y Castilla y León, en 2015. Sólo cuatro Comunidades Autónomas tienen sus leyes actualizadas desde hace apenas cinco años: Extremadura, Valencia y Castilla-La Mancha, en 2019 y Navarra, el año pasado.
El tema no es menor. Las leyes de consumo más actuales, como sin duda lo es el estatuto que aprobó la Comunidad Foral de Navarra el año pasado, incorporan cuestiones de crucial importancia, como los datos y la privacidad; sabemos de sobra hasta qué punto se han apreciado nuestros datos en el mundo digital, con relación a hace una década, no digamos dos. Pero es que es necesario también incorporar mayor transparencia, por ejemplo, y como también refiere el estatuto citado, en las relaciones que establecen los proveedores con sus clientes. Pensemos en el catálogo de cláusulas abusivas que han ido anulando los tribunales desde la crisis financiera, que están relacionadas con esa información inadecuada en la contratación y prestación de servicios. O, sólo por citar algo más, buena parte de nuestras regulaciones autonómicas en materia de consumo adolecen de menciones expresas a la vulnerabilidad, del reconocimiento de realidades y supuestos de protección especial.
Ahora es el momento de que nuestros futuros responsables políticos, los de mayor cercanía, que gobernarán territorios regionales y locales, tomen nota.