Votarlos o botarlos

Carlos Lluch
Director técnico de LLUCH & JUELICH CORREDURíA DE SEGUROS

Muchos ciudadanos se quejan de que los políticos no pegan ni sello, pero durante unos días al menos los veremos pegar carteles como si no hubiera un mañana. Van a pedir, insistentemente, el voto a ciudadanos que pueden ser y pensar muchas cosas distintas, pero algo les une quieran o no: todos –políticos incluidos– son consumidores.

Así que es hora de que quienes pretenden ayudarnos desde sus cargos a tener una vida plena en el marco de un Estado de Derecho, también se preocupen de esa rara avis llamada “derechos” para que pasen a ser, así, en mayúsculas, “DERECHOS”.

La protección al consumidor, la de verdad, queda descrita por el interés desigual que las distintas Comunidades Autónomas tienen por adaptar su legislación a los tiempos. A mayor negligencia en esa adaptación, peor relación tiene el ciudadano con las empresas abusonas, algo que dista mucho de ser digno de la confianza que lleva implícita cada voto.

En materia financiera es obvio que algo anda mal: con una banca que ha conseguido más de 240.000 demandas judiciales por malas prácticas o cláusulas abusivas y un crecimiento de las reclamaciones ante el Banco de España del 61% sólo en 2021. En seguros no sé si andamos mejor, dado que pasamos de 9.693 reclamaciones en 2017 a 11.818 en 2021, si bien quien escribe no confía en este servicio, pues en el último caso se tiró más de dos años, la respuesta no vinculante no tenía nada que ver con el objeto de la reclamación y, para más INRI, ni siquiera hubo derecho a recurso. Hay pocas ¿Porque no sirve para casi nada? De judiciales, ni se sabe.

Y, claro está, tenemos todo el follón abierto con la nueva Autoridad: que “si no me gusta pagar tasas” que “si el importe es demasiado alto para que nos vincule…”, la cuestión es que a ojos de un profano todo apunta a que se está haciendo un traje a medida de los intereses de las empresas y no, como digo, de quien pone a sus teóricos representantes en las poltronas de Parlamentos, Senados y Gobiernos. ¿Serán capaces de traicionar al pueblo al que representan? ¿Tendrán algo que ver esos cargos tan oportunos que obtuvieron quienes nos sirvieron en empresas grandes al cesar en su labor de defensa de nuestros derechos? Ironía OFF.

Del mismo modo que una cocina es segura si y solo sí el gas no escapa por ningún lado, salvo el quemador, y solo si yo decido que necesito una llama para cocinar, la conducta de una empresa no puede tener escapes libres que intoxiquen o destruyan los derechos o la vida financiera de quienes se relacionan con ella. Es por ello por lo que quienes diseñan las Leyes y quienes las aplican tienen el deber moral y ético de ir más allá de las conveniencias espúreas, de los intereses mezquinos y extractivos, de ese pensamiento sociopático que permite sacrificar a las personas en el altar de los intereses corporativos o sistémicos –que suele ser lo mismo– y deben anteponer la continuidad de la calidad de vida y la seguridad de personas y familias.

Al fin y al cabo, las empresas pueden aprender a vivir perfectamente desde un marco de buena conducta y, por supuesto, retener con mayor facilidad a un cliente satisfecho. El ciudadano no tiene plan B por lo que está vendido a la ética de políticos, abogados y jueces. ¿Habría que botarlos, en lugar de votarlos?