El dilema Muface
Juan Manuel Blanco
Director Editorial de INESE
@JuanMaBlancoG
El ‘problemón’ del concierto de atención sanitaria privada de los funcionarios se repite de forma periódica. Ha vuelto a primer plano informativo porque el 31 de diciembre concluye el actual acuerdo, en el que participan SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV y que da servicio a casi 2 millones de personas, las integradas en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), la Mutualidad General Judicial (Mugeju) e Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas), siendo la primera la más importante y la que da nombre al acuerdo del Estado con la sanidad privada.
¿Qué ocurre? El presidente de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, lo resumía muy bien al presentar los excelentes resultados de su grupo en 2023: la situación del tema Muface “nos preocupa pues siempre ha sido un concierto deficitario, en el que todos (los participantes) perdíamos dinero, pero lo compensábamos con economías de escala y era soportable, pero ahora mismo es ruinoso” (se habla de unas pérdidas de más de 200 millones al año).
Las cifras respaldan su criterio: hoy, el gasto sanitario per cápita público es de 1.674 euros de media, pero las primas que paga el Estado por cada funcionario apenas alcanzan 900 euros. Las compañías plantean una subida de un 50%, que eleve la prima media hasta 1.350 euros. Ojo que con ser una pretensión importante (supone un coste añadido de unos 1.800 millones) la realidad es que dicha prima en realidad representaría una rebaja en el entorno del 20% sobre dicho gasto sanitario per cápita citado (1.674 euros). Pero, como se avanza desde el sector, serían “tarifas soportables”.
No han empezado las conversaciones (se prevé que sea en verano) y por tanto ahora las declaraciones tratan de ir allanando el terreno. Viendo la situación de saturación y de falta de médicos del sistema de salud público no hace falta ser muy lince para adivinar que debería haber consenso. Algunos de los últimos datos de la Fundación IDIS explican las razones concretas, aparte de la imposibilidad de sumar casi dos millones de personas más a un sistema sobrepasado: el sector privado, que cuenta con el 55,6% de los hospitales del país, se encarga cada año del 31% de las cirugías, de casi 600.000 intervenciones quirúrgicas, de más de 10 millones de consultas y de cerca de 2,5 millones de urgencias. Son cifras contundentes que avalan la apuesta de las compañías a través de Unespa de una alianza entre la sanidad pública y la privada y respaldan su criterio de que el mutualismo administrativo es un modelo de colaboración público-privada de éxito demostrado.
Las negociaciones no serán fáciles, máxime con la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. ¿Sería mucho pedir a los políticos (singularmente a los que irresponsablemente no se cansan de criticar a la Sanidad privada) que esta vez dejen hacer a los que saben y resuelvan un ‘problemón’? No están en juego solo los funcionarios y sus familiares, nos afecta a todos si el sistema se colapsa.