Tamaño del texto
Acerca de
En la aplicación de Inese podrá acceder a toda la información del sector asegurador, con noticias, reportajes, novedades y toda la actualidad que le permitirá estar al día de todas las novedades del sector asegurador.
Accede la revista Actualidad Aseguradora y Actualidad Aseguradora Mediación con una experiencia de uso sencilla e intuitiva.
Lea su suscripción a la revista desde cualquier plataforma: PC, Smartphone, o Tablet desde cualquier sitio incluso sin conexión.
¿Necesita ayuda?
Si tiene cualquier consulta o duda sobre la aplicación le atenderemos personalmente en el email web@inese.es o en el teléfono 911 92 48 44
Si lo que desea es darse de baja de la suscripción que realizó a través de la app debe seguir los pasos que le explicamos en el siguiente enlace: Baja
Si es usted suscriptor de Actualidad Aseguradora completo (Edición impresa – Edición digital) puede ponerse en contacto con suscripciones@Inese.es
Privacidad
Seguimiento de Google Analytics
Esta aplicación utiliza Google Analytics para recopilar datos de uso anónimos y exclusivamente en nuestra app que nos ayudan a mejorar nuestra aplicación. Si desea puede desconectarlo
Política de privacidad
PSOE y Sumar (pese a formar Gobierno de coalición), Seguridad Social, sindicatos, compañías de seguros, sanidad privada y expertos no se ponen de acuerdo sobre qué medidas aplicar para garantizar la supervivencia del modelo al que da nombre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface). Las aseguradoras se quejan de un acuerdo claramente deficitario, que sin embargo beneficia a cerca de 1,5 millones de personas, que, de no existir el modelo, podrían abocar al colapso a la Sanidad pública.
Limite
La realidad es que Muface lleva años bajo los focos, entre las quejas de las aseguradoras por la escasa remuneración que perciben sus servicios, y también de los asegurados, por los recortes de prestaciones. Pero las alarmas se encendieron del todo cuando, en el programa de Sumar para las elecciones generales del pasado 23 de junio y que revalidaron el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez, se proponía integrar a los usuarios de Muface “de forma paulatina, escalonada y programada, bajo la prestación del sistema sanitario público”.
Ya en 2021, Unidas Podemos había presentado una proposición de ley, impulsada por Ione Belarra, entonces secretaria de Estado del Ministerio de Derechos Sociales, para acabar con el “privilegio” de los funcionarios sujetos a Muface, la mutualidad de Justicia (Mugeju) y la de las Fuerzas Armadas (Isfas) para integrarlos en el régimen general de la Seguridad Social. La respuesta del Gobierno fue la renovación de los acuerdos de cobertura vigentes para el periodo 2022 a 2024. Este concierto comportaba un incremento del 8% de la prima para 2022, del 8,75% para 2023 y del 10% en 2024.
Con los referidos aumentos, defendía el Ministerio de Hacienda y Función Pública, “se recuperan los niveles de calidad que demanda el colectivo y se incorporan los nuevos servicios con que el Gobierno está completando la cartera común del Sistema Nacional de Salud”.
Por eso encendió las alarmas que, dos años después, Sumar insistiera en esa propuesta electoral, que afecta también a la mutualidad de los militares (560.000 personas) y del cuerpo judicial (92.564), y que se inscribe en una ‘fiebre’ nacionalizadora, que se ha extendido también a la parte socialista del Gobierno. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ya ha ordenado que los nuevos abogados autónomos tengan que cotizar obligatoriamente en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) a partir de 2027. Hasta ahora, los profesionales liberales tenían la opción de elegir si querían cotizar a través de una mutualidad (hay diez que ofrecen ese régimen alternativo al RETA) o hacerlo a través de la Seguridad Social.
El problema más importante de Muface es la infrafinanciación, la insuficiencia de las primas que cobran las aseguradoras. Pero no es el único factor que amenaza la sostenibilidad del modelo. También preocupa el envejecimiento de los mutualistas. Según el informe de la Cátedra de la Universidad Complutense de Madrid y Aspe, la edad media está en los 57,8 años, más de tres años y medio por encima de la década anterior (54,2 años). “Hacer frente al envejecimiento debería ser una de las prioridades del nuevo concierto, porque el incremento en la edad de los mutualistas está relacionado directamente con el de la siniestralidad. La edad es un factor determinante en la aparición de patologías y, como consecuencia, en el incremento de las necesidades de atención sanitaria”, argumentan estos expertos.
Además, la evolución de la Medicina ha transformado muchas de estas patologías en crónicas, lo que las convierte en un proceso de “coste permanente”. La pluripatología es cada vez más frecuente en los segmentos de edad más avanzada y hace que se torne como un “gran reto” para el sistema sanitario y, en particular, para las aseguradoras de Salud, estén o no en el concierto de Muface. “Casi el 60% del gasto en sanidad de una persona se produce después de los 65 años, y una tercera parte, después de los 85. Por tanto, a medida que avanza la edad media de nuestras carteras de asegurados mutualistas, aumenta la ratio de siniestralidad. Esa realidad, combinada con una financiación insuficiente, pone en riesgo la sostenibilidad del modelo”, señalan las aseguradoras.
Lo curioso del tema es que la Seguridad Social ha sido la primera en rechazar la propuesta de Sumar. Un estudio de la Universidad Complutense de Madrid calcula que la integración de todos estos mutualistas en el Sistema Público de Salud supondría una factura de 1.000 millones de euros anuales. Las listas de espera para consultas externas se dispararían un 266%, y para cirugías, un 115%, además de aumentar el número de camas un 3,8%.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) vaticina “el colapso de nuestro Sistema Nacional de Salud, ya de por sí saturado, y un alto coste económico para las arcas públicas”. Además, “peligraría la atención de muchos colectivos, como por ejemplo los que residen en la España rural”. El sindicato mayoritario de los funcionarios tiene muy claro que “la participación de las entidades de seguros en las convocatorias de estos contratos públicos ha disminuido notablemente y esto es un fiel reflejo de la infrafinanciación de los conciertos”.
En el lado contrario, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública exige “avanzar seriamente” hacia la integración de las mutualidades en la sanidad pública, porque “son un elemento distorsionador”, “suponen un factor muy importante de desigualdad y discriminación en el acceso de la población a la atención sanitaria”, además de una “derivación de fondos públicos hacia el aseguramiento privado”.
La desaparición de Muface provocaría una bajada de más de 1.700 millones en los ingresos de Asisa, DKV y Adeslas. El 14% de su facturación. También afectaría a los grupos de hospitales privados, que sufrirían una disminución de 1.000 millones en su facturación, el 8% del total, ya que se desocuparían el 5,7% de las camas. Y las empresas proveedoras de servicios hospitalarios perderían el 8% de sus ingresos. Según un informe elaborado por la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid que impulsa también la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), supondría el cierre de hospitales en 19 provincias, con especial impacto en Castilla-La Mancha, Castilla y León, y Extremadura.
Es tal la polémica que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha tenido que intervenir para tratar de zanjar el debate asegurando que tiene “otras prioridades”.
Sonia Juárez, profesora de Organización de Empresas de la Universidad Complutense de Madrid, propone, en la presentación del informe de la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable, varias recomendaciones “clave” para que el modelo del mutualismo administrativo pueda gozar, definitivamente, de buena salud:
“La sostenibilidad del mutualismo requiere de una combinación de financiación adecuada, eficiencia en la gestión, enfoque en la prevención, gestión y colaboración de todos los agentes en la cadena de valor”, concluye esta experta.
El Gobierno se limita a afirmar que Muface mantiene “una interlocución fluida” con las aseguradoras (Adeslas, Asisa y DKV), que reclaman “el reequilibrio económico del contrato”, ya que la situación actual es muy diferente a la de diciembre de 2021, cuando se firmó el último concierto.
Adeslas tiene una cuota de mercado del 47,3% en Muface, Asisa del 35,4% y DKV, del 20%. Las pérdidas anuales del modelo suponen unos 200 millones, lo que suma 600 millones desde que comenzó el concierto en vigor. Las tres han amagado con no participar en el siguiente si las condiciones no mejoran. Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña (accionista, junto a CaixaBank, de Adeslas), ha criticado que “se hable mucho de la eficiencia en el gasto de Muface y no de la suficiencia en las primas, que debe registrar incrementos de dos dígitos para que el sistema cuadre”. “Muchas compañías han abandonado. Nosotros no queremos hacerlo, pero el Estado debe ser receptivo”, añadía
Muface va a ser una ‘patata caliente’ que tendrá que afrontar Fernando Campos, CEO de DKV desde este 1 de abril. Ya en el verano de 2023, su entidad amenazó con abandonar si no se incrementaba la prima al menos un 40% en el siguiente convenio. “En el último año la situación se ha deteriorado hasta términos casi insostenibles. Nos estamos planteando no renovar en la próxima renovación”, se apuntaba en ese momento.
El convenio se firmó en 2021 y abarcaba tres años, con un presupuesto inicial de 3.571 millones. El aumento final de la prima sería del 10% respecto al anterior concierto. “Se trata de un aumento insuficiente, tanto por el incremento actual de costes, como por el déficit de financiación que viene arrastrando el modelo, así como por el previsible aumento de la siniestralidad por las secuelas de la pandemia”, afirman los autores del informe de la Cátedra de la UCM-ASPE.
Este informe destaca que actualmente, la prima de Muface se sitúa en 1.040 euros por mutualista de promedio, mientras que el gasto sanitario público asciende a 1.608 euros por ciudadano. Esto supone una diferencia de 594 euros por mutualista. Para compensarlo, Muface necesita al menos una inyección anual de 900 millones. Las subidas de primas “se han revelado insuficientes para cubrir el aumento de los costes de la prestación sanitaria. Se plantea entonces que, o se busca una financiación adecuada que involucre a todos los agentes implicados, o el modelo podría estar destinado a desaparecer”, avisa el informe, que también resalta que la siniestralidad de las aseguradoras en relación con los mutualistas ha sido superior al 100% en los últimos años, como consecuencia, principalmente, del aumento de la edad media de los mutualistas, que hace que precisen de mayor asistencia.
A la manifiesta insuficiencia de la prima se suma una cartera de clientes a la baja, ya que el número de mutualistas bajó del listón de 1,5 millones en 2021 y no para de descender: aunque el número de titulares ha aumentado el 5,5% desde 2013, el de beneficiarios desciende el 23% en el mismo período, por lo que el número total se reduce el 5,1%.
Cada año, unos 10.000 funcionarios abandonan la sanidad privada de Muface para optar por la pública. Mayoritariamente, son pacientes con enfermedades graves y personas mayores. La falta de financiación crónica se traduce en un deterioro de la atención sanitaria, grave en el caso de especialidades como Oncología, y ha provocado un descenso del número de funcionarios que se decantan por la sanidad privada.
El nuevo concierto se tendría que firmar, como tarde, en septiembre de este año, para que pueda arrancar el 1 de enero de 2025. De momento, se habla de iniciar las negociaciones en verano.
Luis Miguel Ávalos, secretario general de Unespa, aporta números al debate: de los 12 millones de asegurados de Salud en España, 1,7 millones son funcionarios públicos (el 82% de éstos elige la sanidad privada). “El mutualismo administrativo es un modelo de colaboración público-privada de éxito demostrado”, insiste. “La sanidad pública y la privada son aliadas, no competidoras”, porque “las atenciones que presta la sanidad privada son atenciones que se ahorra el sistema público”, argumenta.
“Si el Estado no termina de financiar el mutualismo administrativo, todos salimos perdiendo”, advierte. Muface “es un problema que se va acrecentando porque los costes sanitarios van aumentando por encima de la inflación. Pero es necesario seguir financiado este sistema porque el Sistema Nacional de Salud en estos momentos no tienen la capacidad para dar asistencia a estos casi dos millones de personas, sobre todo en algunas provincias”, recalca.
“Muchos centros sanitarios y profesionales privados pueden mantener sus estructuras económicas gracias al mutualismo administrativo y a este sistema de colaboración público-privada”, advierte Ávalos.
En la misma dirección, el doctor Juan Abarca, presidente de la Fundación IDIS, recuerda que “la ministra de Sanidad dijo nada más ser nombrada que no se tocaba las mutualidades de los funcionarios porque el sistema sanitario no se lo puede permitir, ni de un día para otro, ni de forma progresiva. Hay que ser realista y, afortunadamente, lo ha dejado a un lado. No hay capacidad de absorber todo esto”.
Carlos Rus, presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), reitera que el sistema ahorra 1.000 millones a la sanidad pública, por lo que “hay que hacerlo sostenible”. “Cuando se renovó el modelo de los funcionarios se acordó aumentar en tres años un 10%: el primero un 8% y entre los otros dos años, un 2%, El primer año se comió el IPC ese 8%, ése fue el gran problema. Y así como ha habido compensaciones en la pandemia, por ejemplo, a las Comunidades Autónomas y se les ha metido inyecciones extras de dinero, a las mutualidades no se les ha compensado por el incremento de costes, no se les ha tenido en consideración”, denuncia.