Impacto asegurador de los incendios forestales

Han sido una de las referencias informativas de este tórrido verano. Prácticamente no ha habido un solo día en el que las noticias pusiesen el foco en hectáreas quemadas, desalojos de poblaciones o consecuencias de los incendios forestales. Para el Seguro no ha sido tan poco un buen verano en este sentido.

José Luis Sierra

Y es que las cifras no son para menos. Según datos del Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre incendios forestales, del Ministerio para la Transición Ecológica, hasta el pasado 28 de agosto, se ha calcinado una superficie forestal total de 252.690 hectáreas. Entre el 1 de enero y el 28 de agosto se han registrado 8.329 siniestros, de ellos 5.733 conatos (incendios que afectan a menos de una hectárea) y 2.596 incendios (más de una hectárea afectadas) y ha habido 54 grandes incendios, es decir, aquellos que han quemado más de 500 hectáreas.

Los peores incendios de 2022 en cuanto a hectáreas quemadas se han registrado en Bejís (Castellón) con casi 20.000 hectáreas; el de Vall d’Ebo (Alicante) que afectó a unas 11.300 hectáreas; Barco de Valdeorras y Folgoso do Courel, en Lugo, 7.900 hectáreas; Cebreros (Ávila) con 4.700 hectáreas; o Pujerra (Málaga) que afectó a 5.000 hectáreas. Zamora ha sido la provincia más castigada, con los incendios de Losacio (35.000 hectáreas) y Sierra de la Culebra (15.000 hectáreas). 

Replantear la lucha contra incendios

Desde Tecnifuego, Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios, se considera absolutamente necesario “replantear la lucha contra los incendios desde la gestión adecuada del territorio y la implementación de legislación acorde, lo que es tarea de las autoridades competentes que deben acometer grandes cambios en sus estrategias, basándose en el conocimiento y la experiencia de los expertos”. El apoyo con desarrollos y tecnologías que ayuden a los equipos de extinción “es tarea de las empresas y los especialistas que trabajan en la investigación y desarrollo de estas herramientas”. 

Como se ha podido comprobar en la mayoría de los grandes incendios, “su grado de virulencia ha sido tal que, en su peor fase, los jefes de los operativos declaraban que no eran extinguibles y había que retirarse hasta que las condiciones mejoraran. Y, precisamente, cuando las condiciones meteorológicas y las que origina el propio incendio lo permiten, el personal de extinción cuenta con equipos y técnicas de lucha contra incendios que cada año evolucionan para ganar en eficacia y rapidez en la extinción”.

En Tecnifuego destacan diversas tecnologías que ayudan en las tareas de extinción, como son “redes de hidrantes dentro de la urbanización para que los servicios de extinción puedan recargar sus equipos; mangueras y lanzas, desarrolladas atendiendo a las necesidades de los servicios de emergencias; técnicas de simulación avanzadas, para investigar incendios y verificar la efectividad de los medios de extinción; nuevos vehículos contra incendios todo terreno para zonas de difícil acceso; o drones con cámaras que llegan a los lugares donde no llegan los operativos”.

El hombre, detrás de estos siniestros

Entre las principales causas que los técnicos achacan a este preocupante incremento de la siniestralidad por incendios forestales destacan el ya manido cambio climático (temperaturas extremas, olas de calor y el agravamiento de los períodos de sequía), el éxodo rural y con ello el abandono de la actividad en el campo, que ha conllevado que las tierras hayan sido invadidas por unas masas forestales que han crecido sin control ni mantenimiento, y la inadecuada gestión pública de los montes. Y destaca también el hecho de que el 96% de los incendios forestales que se producen en nuestro país están causados por el ser humano, ya sea por negligencias o con intencionalidad.

Y el sector no es para nada ajeno a las repercusiones de estas preocupantes cifras de incendios forestales. Impactan en el seguro agrario, principalmente, con más de 15.000 hectáreas siniestradas este verano, pero también en los seguros multirriesgo o incluso de automóviles afectados, aunque al cierre de este número no existen cifras oficiales sobre esta repercusión. 

Cabe recordar que los daños por incendios forestales no son cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros, sino por las propias aseguradoras. No ocurre así con los accidentes personales que sufran las personas que participan en la extinción de los incendios, que sí tienen cobertura consorciable. Además, las ayudas estatales por estos siniestros son compatibles y complementarias con las indemnizaciones de las pólizas de seguro.

Papel de las aseguradoras

Las compañías aseguradoras afrontan también las consecuencias de esta ingente cantidad de incendios forestales. Algunas ya han dado a conocer medidas y soluciones específicas:

ALLIANZ. Movilizó recursos adicionales para agilizar trámites y atender a los afectados por los incendios, reforzando los servicios de atención al cliente y activando un teléfono de declaración exclusivo. También alertó a la red de peritos dedicados a evaluar los daños por los incendios para que intervinieran con la máxima rapidez e intensificó sus sistemas de peritación digital.

AXA. Recordó a los afectados que las indemnizaciones de estos siniestros se gestionan directamente por las compañías y que estas indemnizaciones son compatibles con las posibles ayudas públicas. Además, puso en marcha un dispositivo especial para intentar agilizar la reparación o indemnización en estos siniestros y advirtió sobre la necesidad de verificar que los capitales asegurados sean suficientes ofreciendo un decálogo de actuación en caso de resultar perjudicado.

SANTALUCIA. Puso también en marcha un dispositivo especial para atender con la mayor rapidez este tipo de coberturas, tanto en reparación de daños como en su indemnización. Las llamadas o comunicaciones online se atendieron de forma inmediata y el peritaje se realizó en un máximo de 48 horas desde la comunicación del siniestro. Además, dispusieron la garantía de desalojo urgente para sus asegurados que permite el alojamiento en un establecimiento hotelero un máximo de 10 días si tuvieron que ser evacuados por decisión de la autoridad.