Ante lo inimaginable... 

Juan Manuel Blanco
Director Editorial de INESE
@JuanMaBlancoG

Estamos muy lejos de ver el final de la ya llamada tragedia medioambiental histórica más importante del Levante español: la DANA que asoló parte de Valencia y de Albacete. Una catástrofe que como ha adelantado la directora general del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), Flavia Rodríguez-Ponga, ha sido “siete veces más devastadora que otras vividas” (el Klaus costó 500 millones). Un percance que está poniendo a prueba la capacidad de reacción y de solidez de su organismo, que cuenta con unas reservas por valor de 10.000 millones. Un dinero que, por cierto, está para eso, para resolver situaciones como esta y hacerlo además de forma rápida, que es lo que se busca con la colaboración estrecha de compañías, peritos (más de 1.000), mediadores y colaboradores de todo tipo del sector. 

Es muy difícil aventurar cifras del posible coste del siniestro. Se habla de más de 3.500 millones en indemnizaciones. Desde el reaseguro, las estimaciones preliminares apuntan al menos a 5.000 millones, pero son cálculos muy incipientes pues aunque los daños a los bienes e incluso a las personas son relativamente fáciles de tasar, todavía es imposible saber a cuánto ascenderá la factura de la cobertura de pérdida de beneficios, y no olvidemos que hablamos de miles de pequeños negocios e industrias. Ojo también, aparte del infraseguro, a la incidencia en el seguro de trasportes no cubierto por el CCS, con muchas mercancías en transito y almacenes logísticos ubicados en los polígonos industriales de la zona. Al total habría que sumar los siniestros agrarios y otro montante de cuantía por determinar, pero que no será baja: el coste de las reparaciones de las infraestructuras de ADIF, que logró cobertura aseguradora (HDI) en septiembre y por tanto deberá ser indemnizada. 

Ya en otra órbita, entrarán los costes posteriores del seguro por las responsabilidades de los directivos implicados en la gestión, consecuencia de las demandas y sentencias que se produzcan. Me consta que hay ya cierta inquietud entre algunas de las compañías que dan cobertura al respecto. Pero eso será a bastante largo plazo.

En todo caso, la rapidez de acción del CCS y del sector en un siniestro sin parangón, como éste, que podría totalizar cerca de 400.000 expedientes, está siendo clave. Tal vez sea consecuencia de la por una vez sabia decisión de los políticos de quitarse de en medio en la capacidad de respuesta, es decir, de no obstaculizar más allá de figurar en alguna foto, dejando la labor a los que saben: a los profesionales. Así se han podido hacer en muy pocos días los primeros adelantos de dinero a los afectados con seguro, una vez se ha realizado una primera estimación de daños. Repito lo dicho: ahora no seamos cicateros en las indemnizaciones.

Y aprender. A futuro, posiblemente con ayuda de la IA y pensando en el cambio climático (máxime en el entorno del Mediterráneo), las aseguradoras deberán poner el foco en la predicción de este tipo de catástrofes y el desarrollo de un plan de contingencia rápido y adecuado para reducir las consecuencias al máximo. No estaría de más tampoco alertar sobre los riesgos de aseguramiento en zonas inundables. Lo deberían de agradecer los asegurados y la sociedad. Y ganaría la imagen sectorial.