La Defensa Jurídica elimina barreras para acceder a la justicia
Juan Carlos Lopera, Director Asesoría Jurídica de Siniestros de ARAG, Cristina Vallejo, Socia Directora VPG Abogados
¿Qué barreras encuentran los consumidores a la hora de hacer valer sus derechos en los tribunales?
Juan Carlos Lopera (J.C.L.)- Una de las barreras es la económica, debido al coste de los procedimientos judiciales, incluyendo los honorarios de abogados y procuradores. Otra barrera significativa es la duración de los procesos. Esto desmotiva a los consumidores, ya que la excesiva demora y el colapso de los tribunales son una realidad indiscutible. Además, el desconocimiento de sus derechos y la falta de educación jurídica limitan el acceso a la información adecuada. Si no conoces tus derechos, no sueles ejercerlos. Otro factor importante es el miedo psicológico a enfrentarse a un juicio. Por ejemplo, en Barcelona, un caso de despido puede tardar hasta un año y medio, lo que desanima a los ciudadanos.
Cristina Vallejo (C.V.).- La lentitud de la justicia es la barrera importante. Los consumidores pueden esperar una media de dos años en primera instancia y otros dos años en apelación. Además, por ejemplo, recuperar la posesión puede tardar hasta 20 meses. Esta lentitud genera impotencia tanto en los consumidores como en los profesionales que los acompañan. También destaco la dificultad de informar a los consumidores sobre los costes debido a restricciones legales. Sin embargo, la nueva Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, publicada el 14 de noviembre, parece que mejorará la transparencia y la información para los consumidores, asegurando que tengan una información clara y transparente sobre los costes.
¿Qué impacto tiene la falta de información en la capacidad de los consumidores para resolver disputas?
J.C.L.- La falta de información y el desconocimiento de los derechos impiden que los consumidores los ejerzan. Aunque el ordenamiento jurídico protege a la parte débil, esta protección es limitada si el consumidor no está informado. Ejemplos como los abusos bancarios muestran cómo el desconocimiento inicial permitió que las entidades impusieran sus condiciones injustamente.
C.V.- La transparencia es crucial. Los consumidores necesitan información clara en todos los aspectos de su vida diaria, desde comprar un televisor hasta contratar un seguro. La información adecuada fortalece al consumidor, permitiéndole ejercer sus derechos de manera efectiva. Casos como los procesos hipotecarios demuestran que una mayor transparencia y claridad en la información pueden cambiar significativamente la situación del consumidor. Es esencial que las empresas adopten códigos de buenas prácticas y sean leales con los consumidores, lo que se traduce en una mejor información y protección.
¿Qué medidas podrían tomarse para proteger mejor a propietarios e inquilinos frente a daños o impagos?
J.C.L.- Desde mi punto de vista, los seguros de protección jurídica y de impago de alquileres son esenciales. Estos seguros proporcionan seguridad y tranquilidad al propietario, garantizando una gestión especializada y el respaldo económico necesario para reclamar impagos y defender sus derechos como arrendadores. Además, cubren los gastos legales y las prestaciones dejadas de percibir durante el desahucio. También existen seguros para arrendatarios, aunque son menos conocidos. Sin embargo, no solo los seguros son importantes; también necesitamos leyes que amparen la protección jurídica. A pesar de las reformas legales continuas, aún no hemos encontrado una solución adecuada. Y es que el problema del alquiler es un problema de la sociedad en su conjunto, no solo de la ley.
C.V.- Creo que el mercado inmobiliario está afectado por la Ley del Derecho a la Vivienda, que ha generado más inseguridad jurídica. La contención de rentas en Cataluña y los procesos de desahucio prolongados desequilibran la posición entre arrendatarios y arrendadores, alargando los desahucios a una media de 25 meses. Además, ser gran tenedor en sus distintas acepciones está penalizado. En este contexto, los seguros de protección jurídica son muy útiles, ya que ayudan en la contratación y cubren los impagos si el arrendatario se vuelve insolvente. También mitigan el desequilibrio creado por la Ley, minorando los perjuicios en la recuperación de la posesión dilatada en el tiempo.
¿Cómo puede el seguro de defensa jurídica mejorar el acceso a la justicia?
J.C.L.- La cobertura de gastos es fundamental. Sin un seguro de defensa jurídica, los ciudadanos deben asumir los costes de contratar a un abogado, un procurador, y otros gastos periciales. El seguro cubre estos gastos, proporcionando tranquilidad al asegurado. Además, los profesionales que gestionan estos seguros están especializados, lo que garantiza el mejor asesoramiento posible. La compañía de seguros interviene desde el momento en que se contrata la póliza, asegurando que los mejores profesionales manejen el caso. También es importante evitar litigios cuando sea posible y alcanzar un acuerdo justo y beneficioso con la ayuda de un profesional especializado.
C.V.- Sí, efectivamente, la viabilidad de una reclamación a veces no depende tanto de la solvencia del demandado, sino de la propia solvencia del consumidor, que tiene que adelantar los gastos de abogado, procurador y, en las reclamaciones de daños, los gastos periciales. Los costes de un procedimiento legal pueden hacer inviable una reclamación para el consumidor. El seguro de defensa jurídica puede facilitar el acceso a la justicia al reducir el impacto económico para el asegurado. Esto permite a los consumidores ejercer sus derechos con mayor confianza, independientemente de su situación financiera. Sin embargo, es muy importante que el abogado oriente adecuadamente para evitar acciones injustificadas, asegurando un uso responsable del seguro.
Acceso al Asesoramiento legal adecuado
J.C.L..- Es esencial valorar el trabajo de los abogados, ya que son los profesionales que mejor conocen los derechos y los ejercitan en nombre de sus clientes. En este sentido, el seguro de defensa jurídica es crucial porque permite acceder a estos profesionales, cubriendo los gastos necesarios. Esto asegura que los consumidores tomen decisiones informadas y evita tanto injusticias como abusos, contribuyendo así a una sociedad más justa y segura.
C.V. .- La protección de los derechos del consumidor está en las leyes, reglamentos y jurisprudencia, pero los consumidores no suelen leer estos documentos. Por eso, es vital contar con abogados que no solo les asesoren legalmente, sino que también cumplan con una función social de protección. La Fiscalía y otros operadores jurídicos juegan un papel importante en este ámbito. Es fundamental que los consumidores tengan acceso a asesoramiento legal adecuado para defender sus derechos, evitando recurrir a fuentes no confiables que pueden perjudicarlos.