Pensiones transparentes

Carlos Lluch
Corredor de seguros y observador crítico del ecosistema asegurador

Hay algo que peligra en el horizonte a largo plazo de cada trabajador español y es la viabilidad de llegar a cobrar una pensión pública con un sistema de reparto. La pirámide de población no engaña y muestra la silueta propia de un tornado que se avecina.

Afortunadamente –pese a quien pese-, en los últimos años han entrado en España millones de personas que han ocupado puestos de trabajo y cotizan. Y muchos más tendrán que entrar para cubrir esa necesidad de aportaciones con que alimentar el sistema público. Harina de otro costal es su capacitación para el interés general.

Podemos acudir, claro está, a un modelo privado, pero a estas alturas tan solo hay que mirar cómo está degenerando el modelo norteamericano, qué niveles de pobreza se están gestando en aquellas capas sociales donde el modelo no da para cubrir necesidades básicas para entender que no es la solución. Necesitamos un sistema público. Tampoco hay que ser un lince, sino comprender cómo funciona el interés compuesto aplicado a aportaciones periódicas, para comprender que el esfuerzo sobre la renta del trabajador necesario para generar ahorro privado a largo plazo es inviable en términos de suficiencia. Menos aún en un contexto de sobreendeudamiento familiar, de inflación mayor que el aumento salarial y de asfixiante incertidumbre geopolítica.

La previsión privada, sin duda, es una excelente medida a adoptar para quien se lo pueda permitir; esto es, para quien tenga excedentes de renta y cubra sus necesidades de gasto corriente, de ahorro a corto y medio plazo y cuente con una estabilidad previsible.

Para estos ciudadanos acabamos de conocer que se establece un tipo de interés técnico máximo del 1,95%. Eso cuando no haya activos afectos a la inversión afecta a las provisiones matemáticas del seguro, en cuyo caso el asegurado correrá el riesgo. 

El modelo de distribución de seguros de ahorro e inversión en España y otros países se basa en una retribución que complica no solo el atractivo, sino también la reputación del producto y del sector. No es algo que me invente, sino que he atendido algún millar de perplejos clientes de seguros que no se explicaban cómo, pero que observaban que su dinero –asegurado– se había evaporado.

Es necesario, si queremos que el seguro de ahorro e inversión sea realmente transparente y rentable para el cliente, que cambiemos nuestro modelo comisionado por otro basado en honorarios de asesoría. Es materialmente imposible no desangrar las aportaciones del cliente con comisiones que superan el interés técnico máximo, con comisiones adelantadas que dejan anoréxicas las primas más antiguas –las más rentables-, que nutren extracomisiones, rápeles y viajes de incentivo haciendo que el cliente tenga un saldo negativo por más de una década, en la mayoría de los casos. Y es necesario, cuando se corre el riesgo de inversión, que se reciba un asesoramiento real, especializado y de manos de un titulado y no de un auxiliar con ínfulas neoyorquinas, muchas veces embebido en modelos de venta piramidal.  Así se hace ya en otros países muy responsables con el ciudadano.

Una cita con el cliente, un modelado de su estrategia y el cobro de honorarios pactados sobre productos libres de gastos opacos aliviaría escenas que, frecuentemente, rondan las noticias judiciales de este país. Haría más rentable el seguro, más atractivo como instrumento de previsión y dignificaría la profesión de un auténtico profesional del ahorro. 

Pero, me temo, hay demasiados intereses a un lado y otro para que eso vea la luz.