En los primeros días de este año conocíamos que el Tesoro tiene previsto incrementar en 2021 la deuda pública neta en 100.000 millones de euros, alcanzando la cifra de emisiones más alta de la historia. En 2020 creció en 112.500 millones de euros y cerró con una deuda pública del 117,1% del PIB, es decir, un nivel de deuda según el Banco de España de 1.311.298 millones de euros, 27.000 euros por español. Para saldarla, harían falta los ingresos públicos por impuestos y cotizaciones de tres ejercicios completos o prescindir durante varios años del pago de las pensiones. Para este año, y a pesar de la cifra récord de emisiones del Tesoro, espera rebajar ligeramente el porcentaje de deuda acumulada en 2020 gracias a una previsible, pero incierta, reactivación económica.
El jueves 18 de marzo el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, comparecía en la Comisión del Senado que se ocupa de estos mismos temas y relataba el intenso trabajo desarrollado por su Ministerio, que en 14 meses ha participado en 22 Reales Decretos Leyes y 7 Reales Decretos, entre otras medidas.
La excepcionalidad de los tiempos que vivimos sirve de coartada para la actual forma de gobernar, eludiendo controles, en la que también se preparan medidas de calado de cara al incremento de ingresos en la Seguridad Social o sobre el futuro de las pensiones. Por ejemplo, el pago de cuotas de los autónomos según sus ingresos, medida que espera recaudar más de 2.000 millones y que, previsiblemente, entrará en vigor en 2022, o la puesta en marcha de un gran fondo de pensiones colectivo intersectorial, con aumento de los niveles de deducción fiscal en la entrada y sin variación en la salida, destinado a acumular ahorro de los trabajadores para complementar la pensión de jubilación. Una especie de Seguridad Social paralela que da qué pensar, por los intereses políticos que pudieran cruzarse al gestionar e invertir ese ahorro. Por otra parte, penalizando la deducción fiscal de los planes de pensiones individuales, los que mayores aportaciones acumulan, y reduciéndosela a 2.000 euros. Una medida injusta y discriminatoria que no perdurará más allá de este gobierno, puesto que existe una enorme necesidad de que el país acumule ahorro a largo plazo y toda política fiscal encaminada hacia ese objetivo será poca. Hay que acortar distancias con otros países de nuestro entorno.
Ya en 2018 la Fundación de Estudios Financieros advertía de la poca conciencia existente sobre los problemas de financiar la jubilación. Ese mismo año el Instituto Santalucia hacía las mismas advertencias sobre la aparición de una cuarta edad (que los japoneses llaman la “Gran Edad”) y de que el porcentaje de población mayor de 65 años, entonces del 19%, pasaría a ser del 26% en 2031 y del 35% en 2066. Ahora habría que revisar esas expectativas y relativizarlas. ¿Alguien podría asegurar que no aparecerá algo capaz de acabar con todos los mayores de 60 o 70 años? Como toda prudencia es poco, ante la previsible, pero incierta, prolongación de la vida habría que impulsar formulas aseguradoras financieras –como las rentas vitalicias- y asistenciales.
Mientras la capacidad de generar actividad económica para empresas, autónomos y ciudadanos está en entredicho, el alud de sablazos en calidad de contribuyentes no cesa de crecer. Como explica José Luis Jiménez, director de inversiones de MAPFRE AM sobre el auge de las políticas impositivas que en España venimos padeciendo, “es el peor momento para tomar este tipo de medidas. Si las empresas no crecen, no destinan los recursos al empleo y los proyectos” Pero ¿eso le importa a alguien cuando es la propia organización del Estado la que está en entredicho?
Miguel Benito.