La inflación social es un concepto difícil de definir de manera concisa que puede entenderse como el aumento de los costes relativos a siniestros a causa de factores que no están relacionados con la inflación económica. Predecir este incremento en los costes no resulta sencillo y puede tener efectos adversos para la rentabilidad de una aseguradora, traduciéndose en una reducción de la capacidad disponible en el mercado así como en un incremento de las primas y las franquicias.

¿Cuáles son las causas de la “inflación social”?

Existen varios factores que contribuyen a la inflación social y que suelen ser comunes en muchas jurisdicciones, principalmente anglosajonas. Se encuentran principalmente en el marco jurídico y en determinados factores sociales.

En los últimos diez años se ha producido una mayor sofisticación en el modo de operar de los abogados demandantes. En el caso concreto de Estados Unidos, el uso que se hace de consultores de jurados, cuyo objetivo es asegurarse de que el jurado sea lo más favorable posible al demandante, se ha incrementado considerablemente. Cada vez es más frecuente recurrir a psicólogos para la formulación de la estrategia del litigio y del juicio, lo que ha dado lugar a determinadas tendencias psicológicas clave que podrían estar incrementado exponencialmente las indemnizaciones por parte del jurado:

“Teoría del reptil”

Esta estrategia se centra en los aspectos más primarios de la psicología humana buscando aprovecharse de los miedos del jurado. Su objetivo es llevar a los miembros del jurado a pensar que, si el demandado ha podido ocasionar daños al demandante, también puede ocasionárselos a ellos y a la sociedad en su conjunto. 

Sesgo de anclaje – “Anchoring Bias”

Según The Decision Lab (*), el sesgo de anclaje es un fenómeno en el que los pensamientos y las decisiones de las personas se ven influenciados de forma determinante por la primera información que reciben. En un juicio, esto se produce cuando los abogados demandantes presentan la estimación económica del posible acuerdo desde un primer momento, inclinando el parecer del jurado a una cifra concreta. 

Además de éstos, también entran en juego factores humanos y empresariales:

Jurados milenials

En comparación con los miembros del jurado de más edad, se ha podido constatar que los miembros milenials son más propensos a tener opiniones contrarias a las empresas, liderando acciones como la lucha contra el cambio climático, la desigualdad social, etc.. En el caso de los litigios por daños personales, a menudo se percibe a la empresa demandada (con razón o sin ella) como la parte poderosa y rica que, para algunos, refleja estas desigualdades. 

Litigios de mala fe 

El aumento de los costes de los acuerdos y la normalización de las sentencias de gran impacto económico están ejerciendo una presión cada vez mayor sobre las empresas y sus aseguradoras. En Estados Unidos, los litigios de mala fe varían sustancialmente de un estado a otro, pero, en general, incluyen la acusación de que la aseguradora o las aseguradoras no actuaron de buena fe a la hora de investigar o tramitar un siniestro, alegando que la aseguradora no ha actuado de manera razonable, ha ignorado su obligación de defensa, se ha negado a participar en las negociaciones resolutorias o ha ignorado las ofertas o recomendaciones de liquidación, y que sus acciones u omisiones han afectado de manera negativa a la liquidación final de la reclamación original.

¿Qué ocurre en nuestro país? 

Los factores mencionados anteriormente son importantes en el entorno de los litigios estadounidenses en los que se involucra a un jurado, pero no son tan relevantes en nuestro país al no incorporar nuestro sistema judicial la figura del jurado, salvo en el ámbito penal, aunque aún está por ver cómo la litigiosidad que derive del Covid-19 y su reconocimiento jurisprudencial impacte en nuestro mercado asegurador y pueda ser considerado también como un factor de “inflación social”.