Entre otras muchas cuestiones, está el sector embarcado en acabar con las malas praxis en las actuaciones profesionales. Acierta plenamente. Creo que no se le perdonaría, ni por la sociedad en su conjunto, ni por los asegurados en particular, ni por los propios empleados, que no lo hiciera. Me sumo en esta línea a las recientes afirmaciones del CEO de DKV, Josep Santacreu, cuando remarcó en Alicante que “tener beneficios es compatible con hacer las cosas muy bien desde la base, en todos los procesos de la empresa, en la relación con los empleados, en la relación con todos los grupos de interés. A las empresas se nos tiene que exigir que hagamos las cosas bien. Todos somos ciudadanos, usuarios, consumidores que podemos exigir que no solo sean el problema si no que sean parte de la solución”. Palabras que además valen para todo tipo de empresas, organizaciones y Administraciones Públicas.
En esta misma línea trabaja el Consejo General de los Colegios de Mediadores, firmemente comprometido para acabar contra las malas prácticas tanto si corresponden a mediadores (ya se ha personado en varias demandas) como al demonio particular que para su colectivo son los bancos. Hace poco ha trasladado al propio Ministerio de Consumo su preocupación por lo que se califican como una práctica abusiva e ilegal que perjudica claramente los derechos de los clientes y la credibilidad del sector: la venta de seguros vinculada a créditos e hipotecas. Es una buena iniciativa, pero uno se sigue preguntando por qué no buscan un camino más recto: implicar a la propia DGSFP y el resto de organizaciones supervisoras del sector financiero en aras a las buenas prácticas de mercado y a la apuesta decidida del seguro y el resto de la industria financiera por la RSC. ¿Cabe hablar en los informes anuales de sostenibilidad y de compromiso con la sociedad cuando se incumple algo tan elemental como acatar las normas y no engañar a los clientes?
PROCESOS A REVISAR
Claro que ya puestos a exigir que se hagan bien las cosas hay un buen número de organizaciones que tendrán que revisar bien a fondo sus procesos. Hablo de entidades a las que se les llena la boca diciendo lo mucho que hacen en materia de RSC y Sostenibilidad y luego convierten a auxiliares administrativos en piezas clave en la gestión de siniestros, premiando su labor con 10 euros cada vez que consiguen evitar que vaya el perito a comprobar el siniestro o con 15 euros cuando logran una rebaja sustancial de la indemnización marcada por el perito tras ‘negociar’ con el afectado. Alguna incluso hasta da la posibilidad de comprar paquetes de siniestros a un precio reducido que quien compra rebaja todavía más tras sus gestiones posteriores con los afectados. Mis fuentes me apuntan que ya hay investigaciones en proceso por parte de la propia Administración y que en breve habrá actuaciones y sanciones. Se prevé que serán ‘ejemplarizantes’.
Con todo, no me canso de repetirlo: siempre habrá casos puntuales pero la gran mayoría de compañías trabajan de forma impecable con sus clientes y son leales con sus peritos. Justo es decirlo y reconocerlo.
Juan Manuel Blanco.