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EN BUEN TONO

Actualidad Aseguradora nº02 año 130

Director técnico de LLUCH & JUELICH CORREDURIA DE SEGUROS S.L.

Las Disposiciones Adicionales 4ª y 5ª de la venerable Ley de Contrato de Seguro nos hablan, desde 2011 y 2018, respectivamente, de la prohibición de discriminar a las personas que viven con una discapacidad o que sufren una enfermedad cronificada, como el VIH o cualquier otra. Se prohíbe denegar la cobertura, utilizar productos distintos de aquellos dirigidos a personas estándar y cobrar sobreprimas. Todo ello, escrito en el BOE y en una Ley que tiene carácter imperativo, pero ¿acaso se cumple con carácter general o dicho cumplimiento es la anécdota?  ¿Hablamos de incumplir la Ley ante un consumidor especialmente vulnerable?

Hoy día es habitual hallar discriminación en las cotizaciones de hogar o de autos pues ciertos códigos postales, se dice, “No cumplen las normas de selección de riesgos”. Asimismo, sabemos todos que ciertas nacionalidades “no entran” por el ojo de la aguja. Incluso hay aseguradores que aun andan sotto voce con el “riesgo moral” en ciertos perfiles de pareja no estándar. 

 

 

Las Leyes, Reglamentos y Directivas imponen normas de conducta para evitar que la tecnología o los sesgos personales, sociales o los intereses puramente económicos excluyan a parte de la ciudadanía de servicios críticos. Ya tenemos prohibición de recurso a la información genética en seguros, por poner un ejemplo, puesto que permitiría a las aseguradoras jugar con las cartas marcadas, puede que solo con las marcadas (lo opuesto de la famosa “antiselección”, tan mal vista cuando la hace la otra parte). El problema es ¿cumplirán los algoritmos con sus obligaciones en materia de seguridad, confidencialidad y respeto con los datos personales? Los corredores llevamos años alertando malas prácticas y solicitando medidas para el control efectivo del uso de datos, pero nadie nos escucha. ¿Habrá quien utilizará indebidamente datos genéticos? Hace un tiempo una aseguradora regalaba la prueba de ADN de recién nacidos y apenas despertó alertas.

Necesitamos un sector asegurador de confianza, donde el cumplimiento legal sea escrupulosamente dirigido por líderes éticos. No vale hacer memorias de RSE de papier couché o donar a no sé qué organización de enfermos mientras por otro lado se aplican sobreprimas si el IMC es de tanto y se discrimina -denegando el seguro- si el sobrepeso excede cierto valor. El cumplimiento normativo es de mínimos y eso es lo mínimo que espero de este sector.
Hoy levantamos la voz por unas disposiciones adicionales que no se cumplen. Mañana, ¿por qué será?.   I

 


Presidenta de ASUFIN

Exclusión en el seguro en la era digital

El COVID-19 ha acelerado la digitalización de las finanzas, poniendo el foco en muchas de sus ventajas, pero también en el problema de la exclusión financiera, acompañada ahora de la brecha digital. Estos avances significan, en muchos casos, dejar atrás a parte de la población, bien por las dificultades en el manejo de las tecnologías, bien por la ligereza en la cesión de los datos personales. Pero podríamos referirnos a la “exclusión en el seguro” de forma análoga. ¿De qué hablamos?

La idea llamó mi atención cuando en ASUFIN recibimos una consulta de la European Cancer Patient Coalition, la organización que representa en Europa a los grupos de pacientes con cáncer y que realiza una gran labor en la defensa de sus derechos. Nos preguntaban sobre el impacto real en el mercado del seguro de la legislación española que garantiza la no exclusión del seguro para personas con VIH y otras enfermedades graves. 

El debate estaba servido. Así, coincidiendo con el día mundial contra el cáncer y con la generosidad del Colegio de Mediadores de Seguros de Alicante, el 4 de febrero pudimos discutir sobre el tema con expertos que ofrecieron sus opiniones sobre la exclusión de los pacientes de enfermedades graves en los seguros de vida.

Como voz de los usuarios financieros, en ASUFIN nos esforzamos por dar a conocer los derechos a los consumidores. No es una declaración amplia sin contenido. Todo lo contrario: parte del convencimiento de que un derecho que no se ejerce, simplemente no existe y que la sola aprobación de una norma no es suficiente si no se hace valer por todos los actores del mercado.

Así, cuando hablamos del seguro, no estamos ante un producto financiero más, como por desgracia hemos podido comprobar con esta pandemia. Proporciona amparo a las personas y su extensión en una sociedad da buena cuenta de su salud financiera. No podemos, por tanto, permitirnos asistir a exclusiones impropias de una sociedad avanzada. 

Pero cuidado, porque la exclusión en el seguro puede verse aún más acentuada en un futuro fuertemente digitalizado. La aplicación de la Inteligencia Artificial puede agilizar procesos y mejorar la competitividad, pero, ¿quién y cómo se programa el algoritmo? Los resultados arrojan sesgos importantes. Ya estamos asistiendo a encarecimientos de la prima por el mero hecho de usar determinados dispositivos o navegadores. Es por ello que la EIOPA ha creado un grupo de expertos que ya trabajan sobre el impacto de la IA en los seguros. Mientras tanto, no podemos bajar la guardia, permanezcamos vigilantes y no permitamos que la digitalización aumente aún más las exclusiones. 


 

 


 

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