Una oportunidad perdida para la revisión estructural de todo el sistema de pensiones. Así de explícita se mostraba UNESPA el mismo día (22 de febrero) de la aprobación en Consejo de Ministros del Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, que a partir de ahora deberá iniciar su tramitación parlamentaria con la esperanza de que vaya perfeccionándose a lo largo del proceso. En cualquier caso, no hay demasiadas razones para mostrarse optimista. En esa dualidad que se le presenta a cada ciudadano entre consumo y ahorro, no ha sido este último el más favorecido por ningún Gobierno, vía incentivos fiscales.  A lo largo de los años han ido desapareciendo las ventajas fiscales en los seguros de vida y ahora se reducen al mínimo en el denominado tercer pilar de la previsión, que cercenan el ahorro en planes de pensiones individuales a un máximo de 1.500 euros anuales, lo que equivale a firmar su irrelevancia o extinción con el tiempo. Sacrificar el tercer pilar para reforzar el segundo; es decir, aminorar la iniciativa de ahorro en un sistema individual para que se haga en uno de empresa no parece el mejor de los mensajes cuando de lo que se trata es de ahorrar, de acumular un ahorro del que el país no anda sobrado y cuyo fin último sea complementar los ingresos de la jubilación del sistema público.