España es un país que podría ser infinitamente mejor si alguien fuera capaz de aplicarle un proceso de gestión de riesgos, comenzando por la identificación de los problemas, su análisis, cuantificación, financiación y búsqueda de soluciones. Frente a esto, la realidad es que, a pesar de sus muchos atractivos, el 25% de la población que vivía en riesgo de pobreza o exclusión en tiempos preCovid, ha pasado a rondar el 30%; que el paro supera el 14% de la población activa; que somos el segundo país de la UE en índices de pobreza infantil y que la clase política no está a la altura de las circunstancias. Y desde luego, a efectos de emprendimiento, acumulación de ahorro o seguros, crecen las trabas, los impuestos y los desafueros.