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Tras la celebración de las últimas elecciones generales en España, y la consiguiente formación de las Cámaras y del Gobierno, se retoma la tramitación de importantes normativas que afectan, entre otros, al sector asegurador. Regulaciones para aumentar la protección del cliente, para impulsar los planes de pensiones de empresa, la reforma del seguro de RC de circulación son solo algunos ejemplos de ello. También en Europa se cocinan leyes de relevancia, como el reglamento DORA, la ley de contratos de servicios financieros celebrados a distancia o todo lo relativo a la Inteligencia Artificial. Sin duda, este 2024 será un año de importantes avances en reformas legislativas para el Seguro.
Para conocer cuáles son las principales normativas sobre las que se trabaja y que afectarán al sector asegurador, recabamos la opinión de dos de los principales bufetes especializados en legislación aseguradora: Pérez-Llorca y Clyde & Co España. Ambos coinciden en que uno de los proyectos normativos más importantes para el sector asegurador que se encuentran en tramitación es el de la creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero. Según Rafael Fernández, socio de Seguros y Reaseguros de Pérez-Llorca, el anteproyecto “resulta muy relevante para el sector asegurador debido a que se ofrece un servicio de reclamaciones con resoluciones vinculantes y que modifica notablemente el proceso de reclamaciones existente hasta la fecha”.
Para Jesús Iglesias, socio de Clyde & Co España, y José Temes, asociado de Clyde & Co España, esta norma “implicará la creación de una autoridad independiente, que agrupará los servicios de reclamaciones de los supervisores del sistema financiero (CNMV, Banco de España y DGSFP) y tendrá como objetivo la resolución extrajudicial, con carácter vinculante, de las quejas y reclamaciones presentadas por los clientes”.
Vinculado con la anterior, se encuentra el Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela, el cual, según indican desde Clyde &Co, “introducirá numerosas novedades en los servicios de atención al cliente de las entidades aseguradoras y mediadores de seguros, con el objetivo principal de incrementar los estándares de calidad, accesibilidad, protección del consumidor, así como facilitar la resolución de quejas y reclamaciones”.
Nacionales
Europeas
En cuanto al Real Decreto 668/2023, de 18 de julio, por el que se modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones, para el impulso de los planes de pensiones de empleo, Rafael Fernández señala que “en él encontramos varias modificaciones del Reglamento de los planes y fondos de pensiones que tendrán un impacto en el año entrante”. Por ejemplo, ya en el año 2024 se deberá cumplir con la obligación de realizar una revisión financiero-actuarial de los planes de pensiones de Empleo al menos una vez cada tres años, o anualmente para aquellos que deben mantener un margen de solvencia. Igualmente, los consumidores serán beneficiados de la modificación normativa debido a que el articulado del Real Decreto amplía la información que obligatoriamente deberá facilitarse a todos los partícipes y beneficiarios.
Por otra parte, una de las normativas con más arraigo en el seguro español, la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a motor también tendrá modificaciones. Según Jesús Iglesias y José Temes, “dicha normativa, cuya trasposición debería de haberse producido antes del 23 de diciembre de 2023, extenderá el alcance del aseguramiento, variará el actual sistema de valoración de indemnizaciones, ampliará las funciones del Consorcio de Compensación de Seguros e incrementará las facultades de control de honorabilidad y aptitudes de los directivos de las aseguradoras por parte de la DGSFP”.
En cuanto a la normativa que regula el derecho al olvido oncológico, con el objetivo de mitigar las potenciales discriminaciones que pueden sufrir aquellas personas que superan el cáncer, desde Pérez-Llorca creen que “las aseguradoras han venido realizando significativos esfuerzos, y continuarán haciéndolo, para adaptarse a la nueva normativa que se verán continuados a lo largo de esta nueva anualidad, especialmente en la oferta de nuevos productos de seguros de salud o vida”.
PÉREZ-LLORCA
“Uno de los proyectos normativos que más ha dado que hablar en el último año es el Anteproyecto de Ley de Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Por otro lado, debido al final de la legislatura anterior, varios proyectos normativos que decayeron podrían ser retomados. como el Anteproyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor impulsado por el Ministerio de Economía; el Proyecto de ley de acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, promovida por el anterior Ministerio de Justicia; y el Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela, a propuesta del anterior Ministerio de Consumo.
Desde el punto de vista europeo destacamos los cambios previstos en Solvencia II en la que se prevén cambios en determinadas áreas con el objetivo de fortalecer la estabilidad y la eficacia del mercado de seguros en la Unión Europea, garantizando un entorno sólido para las operaciones en el mercado común.
Por otro lado, el borrador de la Propuesta de Directiva sobre recuperación y resolución de seguros (IRRD), cuya aprobación otorgará a EIOPA un rol de coordinador en caso de quiebras transfronterizas. Resulta igualmente relevante la Propuesta de Directiva Ómnibus de la Comisión Europea por lo que respecta a las normas de protección de los inversores minoristas en la Unión y el futuro Reglamento de Inteligencia Artificial”.
CLYDE&CO
“Si bien todos estos proyectos normativos introducirán medidas de cierto calado, quizás los dos más relevantes, por los novedosos cambios que introducirán, serán los de creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero y el de la ley que regulará los servicios de atención a la clientela.
En relación con la legislación comunitaria, no solo habrá que prestar atención a la normativa en materia de ciberriesgos y nuevas tecnologías que intentarán responder a las exigencias de un mundo cada vez más cambiante, sino también a aquellas regulaciones sobre ESG, la comercialización de servicios financieros a distancia o las modificaciones del régimen de Solvencia II, si bien esto último entendemos que llevará más tiempo”.
A nivel europeo, destaca el Reglamento DORA, que regula las obligaciones de las entidades aseguradoras que prestan servicios relacionados con la tecnología en materia de ciberseguridad. Desde Pérez-Llorca señalan que “las primeras repercusiones se han observado, por ejemplo, en el documento de prioridades de supervisión que ha hecho pública la DGSFP, en el que adelanta la que monitorizará para evaluar el grado de preparación de las entidades aseguradoras obligadas por el Reglamento para garantizar su seguridad”. De esta manera, “a lo largo de 2024 se observará cómo las entidades aseguradoras deberán llevar a cabo una adecuación de los contratos que tienen con los servicios TIC para adecuarlos a los requisitos del Reglamento DORA, todo ello supervisado también por la DGSFP”.
Por su parte, en Clyde &Co consideran que DORA “vendrá a reforzar la protección de las redes y sistemas de las entidades financieras mediante la adopción de políticas, evaluaciones y procedimientos frente a ciberataques”.
Otra de las normativas europeas importantes es la que afecta a los contratos de servicios financieros celebrados a distancia, cuyas modificaciones, según Rafael Fernández, “puede tener un impacto relevante en el sector asegurador debido al gran volumen de contratos que se suscriben a distancia, práctica que se vio incrementada con la pandemia y que, hoy en día, continúa en aumento”.
Por último, y no por ello menos importante, la tramitación del reglamento sobre Inteligencia Artificial afectará, sin duda, al sector asegurador. Desde Clyde &Co, se apunta que traerá consigo “la instauración de un marco jurídico que dote de confianza y seguridad a aquellos usuarios que decidan implementar soluciones basadas en la inteligencia artificial”.
Jesús Iglesias (Clyde & Co): “El sector español se caracteriza por su solidez y capacidad de rápida adaptación a los cambios normativos que han venido implementándose a nivel nacional y comunitario desde hace más de una década, por lo que no tenemos dudas de que será capaz de implementar todas las novedades esperadas para este año”.
José Temes (Clyde & Co): “Habida cuenta de que parte de la legislación nacional que prevemos entrará en vigor durante 2024 trae causa de proyectos normativos cuya implementación tenía prácticamente asumida la industria el año pasado, las políticas internas de muchas entidades ya presentan un nivel avanzado de desarrollo, por lo que la adaptación cuando dichos proyectos normativos sean definitivamente aprobados, esperamos que no será tan traumática”.
La cuestión que plantea este futuro entramado legislativo y normativos es si el consumidor quedará suficientemente protegido. “Sin duda”, confirma desde Clyde &Co. “Uno de los rasgos distintivos del Seguro en España siempre ha sido el elevado nivel de protección que otorga al consumidor de seguros. Estos proyectos normativos que próximamente verán la luz en España y Europa vienen a incidir más, si cabe, en la garantía de defensa de los derechos del consumidor, en la doble vertiente de salvaguarda de sus intereses más directos, y la garantía de estabilidad que ofrece una industria robusta que se adecúa a los constantes retos a los que se ve expuesto el sector financiero”, detallan los directivos de la firma.
En la misma línea, desde Pérez-Llorca se recuerda que tanto el legislador europeo como el nacional siempre han tenido la protección del consumidor como uno de los objetivos más importantes en toda aprobación o modificación normativa de los últimos años. “De la mano de los cambios normativos más recientes, las autoridades de supervisión, ya sea a nivel europeo, EIOPA, o a nivel nacional, la DGSFP, han venido enfocando su acción en esta idea como se puede contemplar en las Prioridades de Supervisión de la DGSFP para el periodo 2023-2025”.
Así con todo, concluyen desde el bufete, “creemos que el consumidor goza de una adecuada protección, principalmente, a través de normativas favorables a éste como la Ley de Contrato de Seguro y la normativa general aplicable de protección al consumidor/asegurado”.
Rafael Fernández (Pérez-Llorca): “En los últimos años, el volumen de normativa al que se enfrenta el sector asegurador ha sido cada vez mayor. No obstante, resulta innegable que el Seguro tiene experiencia y ha demostrado una gran capacidad de adaptación a cambios normativos, por lo que no creemos que en esta ocasión el resultado sea diferente”.