Vivimos un momento donde el viento sopla a favor para la actividad inmobiliaria en torno a la rehabilitación de inmuebles, por un lado, porque estamos rodeados de un parque inmobiliario obsoleto (casi 26 millones de viviendas donde el 60% suma una antigüedad media de más de 45 años en muchos casos con deficiencias importantes en cuestiones relativas a accesibilidad, salubridad o eficiencia energética) y, por otro lado, por del deterioro provocado por la falta de un plan de mantenimiento adecuado al paso de los años.

Cuando existe una necesidad de rehabilitar y la Administración impulsa normativas y leyes que alimenten este movimiento (véase el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima o el Programa de Rehabilitación y Regeneración Urbeana dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) solo es necesaria la existencia de un estímulo económico, materializado en este caso con un paquete de ayudas provenientes de los fondos europeos Next Generation, y facilidades para la financiación para que la rehabilitación deje de ser el nicho de actividad marginada para convertirse en uno de los motores principales del sector de la construcción presente y futuro.

Aunque el panorama es alentador, existen, sin embargo, amenazas que deben vigilarse y tener en cuenta, como por ejemplo la escalada de precios en materias primas (más de un 20% respecto a 2021) o la escasez de mano de obra especializada dentro del sector de la construcción, una situación que se intenta suplir a través de la industrialización de la edificación, que requeriría de un menor número de medios a pie de obra, derivando estos al proceso de fabricación de los elementos constructivos en un entorno más controlado y trazable.

Otra de las amenazas es la masificación de la demanda fomentada por la oferta de ayudas pero que sin los actores necesarios pueden desembocar en el caos. 
Debemos tener en cuenta que las rehabilitaciones no son precisamente obras sencillas al manejar un grado de incertidumbre sobre el estado del edificio a intervenir que en una obra nueva no existe. 

Si, además, estas optan a poder ser en gran medida subvencionadas y estar en muchos casos dirigidas a comunidades de propietarios ya constituidas, parece casi obligada la creación de una figura que sea capaz de gestionar todo el proceso constructivo, desde la supervisión del proyecto y su puesta en obra, hasta la gestión de ayudas, financiación, seguros e interlocución con los propietarios finales de esas obras. 

Este nuevo actor dentro de la industria de la construcción se define como Agente Rehabilitador en el real decreto 853/2021, de 5 de octubre, cuya figura, si bien no ha sido del todo definida más allá del concepto jurídico que representa, se hace fundamental en este proceso. 

Es por ello, que, actualmente, diferentes actores en el proceso constructivo, financieras, gabinetes técnicos-jurídicos, promotoras o constructoras, incluso fabricantes, están adoptando este concepto para dar un servicio integral que permita al cliente despreocuparse en gran medida de los trámites parejos a las obras.

Para asegurar el resultado perseguido en la rehabilitación y garantizar los trabajos, tanto en el transcurso de los mismos como al término y puesta en uso del edificio, existe una gama de productos dirigida a este tipo de actuaciones y que Asefa comercializa como aseguradora especialista en el sector de la construcción. 

Entre estos, destaca el seguro de Rehabilitación Trienal que, con la incorporación de una entidad de control durante el transcurso de los trabajos, posibilita obtener una cobertura de tres años a contar desde la finalización de la obra y que responderá ante los daños materiales que puedan surgir por vicios ocultos o defectos que tuvieran su origen en los materiales, errores en el diseño o de su puesta en obra.